La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo acaba de emitir un comunicado en el que exige “absoluto respeto a la división de poderes”, así como rechaza que exista ningún tipo de ‘lawfare’, sin nombrar específicamente este término que habla sobre la utilización de la Justicia para perseguir causas políticas o políticos. Un término, el de lawfare al que no hace referencia alguna la ley de amnistía presentada este lunes en el Congreso, pero al que los jueces sí han querido hacer referencia en su acuerdo porque ha sido, los últimos días, el 'arma' mediática de jueces y fiscales contra la posible ley.

En el comunicado, que ha salido por unanimidad, la Sala de Gobierno recuerda “que el Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes”.

Los magistrados también afirman que “el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley”.

Y, por último, enfatizan: “la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones. Ve incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado”.

Este comunicado ha sido redactado ya no tanto por la ley de amnistía, sino por la parte del acuerdo entre el PSOE y Junts que hacía referencia a la posible existencia de ‘lawfare’. El concepto lawfare se ha convertido en el interrogante más buscado este viernes tras el pacto alcanzado por PSOE y Junts. En el acuerdo alcanzado entre ambos partidos para atar la investidura y la futura ley de amnistía se hace referencia a este anglicismo más común en términos doctrinales y teóricos que prácticos, al menos en la normalidad española, y las asociaciones judiciales han encendido la mecha al criticar su inclusión. Pero ¿qué es lawfarey qué antecedentes tiene?

¿Qué es el lawfare o judicialización de la política?

El término lawfare surge de dos palabras en inglés: Law, que significa ley y warfare, cuya traducción literal sería ir a la guerra. De esta fusión surge lo que en castellano se denominaría como guerra jurídica, expresión utilizada para referirse a situaciones en las que se registra una profunda instrumentalización de la justicia y sus respectivas instituciones para atacar, debilitar o neutralizar a un oponente político. Dentro de una definición algo más gruesa, consiste en el uso de procesos legales para cesar a cargos públicos. O lo que es lo mismo, valerse del sistema judicial de un país para intereses partidistas.

Este concepto se le conoce también como “judicialización de la política”, una locución que en estos últimos tiempos está en el orden del día, especialmente para referirse al procés independentista y sus derivadas judiciales. El lawfare, también conocido como persecución judicial, contempla el uso de la Justicia como arma arrojadiza contra el adversario político, violando por completo la separación de poderes y la independencia judicial que se le suponen a un estado democrático y de derecho.

La persecución judicial tiene diversos ámbitos de aplicación, siendo la más habitual la manipulación de la Justicia desde el terreno político para abrir causas sin pruebas suficientes o justificadas con el fin de influir en la opinión pública. De este modo, se deslegitima y neutraliza al adversario político, provocando incluso la destitución de cargos públicos. No obstante, también conlleva torpedear los intentos de los acusados de recurrir sus acusaciones.

El término lawfare, a menudo empleado en países latinoamericanos, se ha hecho notable en situaciones como la condena por corrupción a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y el impeachment de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en 2016, siendo frecuentemente mencionado por la prensa y los círculos políticos en estos contextos.