La ley de amnistía que ha firmado el PSOE con Junts per Catalunya en el marco de la investidura de Pedro Sánchez está dando mucho de qué hablar, incluso sin conocer el texto ni su alcance real, más allá de los titulares y las conjeturas. Pero sobre todo está provocando todo tipo de reacciones, tanto a nivel social con las manifestaciones de ultraderechistas ante las sedes socialistas y las impulsadas por los de Alberto Núñez Feijóo, como en el plano parlamentario. Sin tan siquiera tener la proposición registrada en el Congreso ya se han dado los primeros pasos al respecto de una norma que pretende dar solución política al problema catalán: mientras el PP va a utilizar el CGPJ -conservador y caduco- contra la ley en el Senado, el partido del Gobierno ya ha cercado las comisiones de investigación sobre el lawfare en la Cámara Baja en las ya pactadas con los independentistas.

El PP usará al CGPJ contra la amnistía en el Senado

El Partido Popular va con todo contra la ley de la amnistía, tal y como han prometido y ya han empezado a demostrar. Los populares no solo han movilizado las calles contra la norma -así como el Gobierno en funciones actual y el futuro de Pedro Sánchez- sino que también han puesto a funcionar todas sus herramientas al alcance para intentar paralizar o poner piedras en la tramitación del texto que ha acordado el PSOE con la formación de Carles Puigdemont. Los de Feijóo, que han impulsado una iniciativa en el Senado para modificar el reglamento de esta Cámara con el objetivo de retrasar dos meses la ley, podrán utilizar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -de mayoría conservadora y caduco tras cuatro años de bloqueo- contra esta legislación.

Los socialistas, una vez todos los socios den su visto bueno al documento plasmando su rúbrica, tienen previsto registrar la proposición de ley en el Congreso de los Diputados en las próximas horas con el objetivo de que esté, al menos, presentada en la Cámara Baja antes del debate y votación de la investidura de Sánchez. Algo que podría ocurrir este mismo lunes, cuando todo apunta también a que la presidenta Francina Armengol anuncie la fecha definitiva para la sesión. Sin embargo, que vaya a contar con los apoyos suficientes para salir adelante en el Hemiciclo no quita para que su tramitación vaya a ser tortuosa y larga gracias a los embistes que pretende dar la derecha, especialmente el PP, tanto en la política como en la justicia.

Y es que los populares podrán utilizar su mayoría absoluta en el Senado para pedir al CGPJ que emita un informe jurídico sobre la ley de amnistía pactada entre el PSOE y Puigdemont. Se trata de una vía legal con la que cuenta el órgano de gobierno de los jueces para analizar desde el punto de vista de la justicia esta medida de gracia a los implicados del referéndum ilegal del 1 de octubre. Aunque las proposiciones de ley no conllevan la obligatoriedad de recabar infomes de órganos constitucionales como es el Consejo, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) tiene una grieta que permite al Poder Judicial manifestarse sobre este tipo de propuestas presentadas por los grupos parlamentarios.

"Se emite ante la imposibilidad de formularlo"

En concreto, el artículo 561.1.9 recoge que "se someterán a informe del Consejo General del Poder Judicial los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre las siguientes materias y cualquier otra cuestión que el Gobierno, las Cortes Generales o, en su caso, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas estimen oportuna". Lo que permite al Senado -cámara donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta tras las elecciones generales del pasado 23 de julio- solicitar a este órgano de dirección de los jueces que emita un informe sobre la ley de amnistía. De hecho, a preguntas de ElPlural.com, los populares no rechazan llevarlo a cabo, siguiendo la estela de la declaración institucional aprobada la pasada semana sobre la "legitimidad" para manifestarse sobre iniciativas legislativas.

Además, el propio CGPJ sostiene que esta declaración contra la "abolición del Estado de Derecho" no es una sustitución del informe que sí se debería elaborar en caso de tramitar la ley como proyecto -cosa que no puede ser ya que el Gobierno está en funciones- pero que "se emite ante la imposibilidad de formularlo". Una situación que suma al pronunciamiento de los colectivos de jueces y fiscales alertando de que la norma genera "un riesgo evidente de quebrar la Democracia" así como que supone violar la separación de poderes. Un manifiesto al que el PSOE ha respondido asegurando que "respeta plenamente la independencia judicial, la labor de los jueces y magistrado y la separación de poderes".

El PSOE limita las comisiones de 'lawfare' a Pegasus y Kitchen

En esta misma contestación oficial, los socialistas también explican su estrategia para evitar una comisión de investigación per se sobre el lawfare, concepto que ha levantado muchas ampollas a cuenta de la ley de amnistía y el pacto entre el PSOE y Junts. Los socialistas han cercado este asunto limitandolo a los mecanismos parlamentarios que ya estaban sobre la mesa. "El acuerdo no prevé la creación de comisiones de investigación con el objetivo de detectar casos de ‘lawfare’", aseguran fuentes del PSOE en su respuesta los jueves, puntualizando además que "cuando se refiere a ‘las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura’, está aludiendo a las comisiones pactadas con Junts y con ERC para la constitución de la mesa del Congreso".

El Parlamento no fiscalizará a los jueces

De hecho, señalan que no hay "ninguna otra" en planteamiento y confirman que se tratará en la constituida el 28 de marzo de 2023 sobre la Operación Cataluña, conocida como Kitchen, y en una nueva sobre Pegasus.  Es por ello por lo que desde el PSOE señalan que lo que se acuerda ahora es que las conclusiones de estas dos comisiones, "como sucede en cualquier comisión de investigación", contendrán recomendaciones "tanto de medidas concretas como de medidas legislativas" para "reforzar las garantías de nuestro Estado de Derecho". "El Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial. El Parlamento no fiscalizará a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podría haber pactado", sentencian al respecto.