El embiste del Partido Popular contra la futura ley de amnistía ya ha empezado a andar en términos parlamentarios. Tan solo unas horas después de las manifestaciones a las puertas de la sede del PSOE, los populares han cumplido sus advertencias y han impulsado una reforma del Reglamento del Senado para retrasar la aplicación de la norma que está puliendo el Gobierno con los partidos nacionalistas catalanes de cara a la investidura de Pedro Sánchez. El PP ha aprovechado su mayoría absoluta en la Cámara Baja para tramitar con premura su propuesta así como para dar luz verde este miércoles en el pleno a la misma, que continúa su camino político. El objetivo: que se apruebe antes de la votación de la medida en el Congreso para dilatar su implementación hasta dos meses.

El PP acelera la reforma del Reglamento del Senado

Este miércoles el Pleno del Senado ha dicho "sí" a la toma en consideración de la propuesta de reforma del Reglamento planteada por los de Alberto Núñez Feijóo para intentar retrasar lo máximo posible la ley de amnistía. Una iniciativa anunciada y presentada por los populares hace tan solo una semana. Así, el Partido Popular ha hecho gala de su poder en la Cámara Alta -donde tienen mayoría absoluta como resultado de las elecciones del pasado 23 de julio- y han acelerado su puesta en marcha incluyendo en el orden del día de este 8 de noviembre esta modificación. Esta se va a tramitar de forma exprés con la pretensión de tenerla lista y aprobada antes de que la norma que prepara el PSOE con Junts per Catalunya llegue al Congreso de los Diputados.

Los 144 senadores populares han votado a favor de la proposición para cambiar las reglas del juego del Senado. Y es que apuestan por que la Mesa tenga la potestad de decidir si es pertinente o no aplicar el procedimiento de urgencia a las proposiciones de ley, una de las posibilidades que tiene el el PSOE y sus socios para registrar esta norma en el Congreso, para la que todavía no hay fecha. De esta forma, los populares pueden retrasar la tramitación de la iniciativa de los 20 días establecidos hasta el momento hasta cerca de dos meses. Eso sí, no va a ser tan rápido ya que tras la toma en consideración se tendrá que reunir la Comisión de Reglamento, abrir un plazo de enmiendas y posteriormente someterlo a Pleno para su aprobación definitiva.

Lo han hecho no sin polémica. Y es que los grupos de PSOE, ERC y EH Bildu, Junts, PNV y Sumar han intentado paralizar esta iniciativa con la presentación de un recurso de reconsideración a la Mesa argumentando el incumplimiento de los plazos establecidos en el propio estatuto de la institución parlamentaria. Sin embargo, y gracias a la mayoría absoluta con la que cuenta el PP, todos estos escritos han sido rechazados en una reunión extraordinaria durante el mismo pleno, por lo que han bloqueado las tentativas de los socios para detener esta cuestión. Así, la reforma del Reglamento de los populares ha continuado su camino con las críticas de estas formaciones. La mayoría conservadora también ha tumbado la declaración institucional contra la violencia en Ferraz, que Feijóo ha condenado con tibieza.

Retrasar la ley más de 20 días naturales

Desde que se conocieran las exigencias de los independentistas para apoyar la candidatura del secretario general del PSOE, el Partido Popular ya anunció que iba a utilizar todas las herramientas del Estado de Derecho a su alcance para frenar la Ley de Amnistía, que tilda de "inconstitucional", "inmoral" y "un fraude" a los electores, dado que no estaba en los programas electorales y no ha sido votada por los españoles. Así, a parte de presentar recursos ante el Tribunal Constitucional en el momento en el que la norma se apruebe, tal y como ha amenazado el propio Feijóo, el partido va a recurrir a más movilizaciones en la calle al tiempo que también va a hacer uso de la vía parlamentaria y institucional.

En este contexto, y a la espera de que el PSOE y sus socios registren el articulado, el Grupo Popular en el Senado ha acelerado su propia propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara Alta por la que se modifica el artículo 133, un punto por el cual en los proyectos de Ley declarados urgentes por el Gobierno o por la Cámara Baja, el Senado dispone de un plazo de 20 días naturales para ejercitar sus facultades de orden legislativo. Asimismo, también recoge que la Mesa -ya sea de oficio, a propuesta directa de un grupo parlamentario o de un grupo mínimo de 25 senadores-, podrá decidir la aplicación del procedimiento de urgencia en las proposiciones de Ley.

Las proposiciones de ley, en el foco

Ya en la exposición de motivos, el PP asegura que la Carta Magna en su artículo 90 regula la tramitación por el Senado de los proyectos de ley ordinaria u orgánica aprobados por el Congreso, estableciendo en veinte días naturales el margen de tiempo con el que cuenta el Senado para paralizar o corregir los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por la Cámara Baja. De hecho, ponen el foco en que ese punto del articulado se refiere explícitamente a los proyectos "pero no a las proposiciones de ley, mediante una literalidad que, tal como demuestran los trabajos parlamentarios, no es casual sino fruto de la voluntad de los constituyentes" al tiempo que afirman que su reforma "se sitúa en el marco del principio de autonomía reglamentaria de las Cámaras reconocido por el artículo 72.1".

"Es además plenamente acorde con la prioridad de la tramitación parlamentaria de los proyectos sobre las proposiciones de ley establecida por el artículo 105 del Reglamento del Senado", añaden para justificar después que "el objeto específico de esta reforma reglamentaria no es otra que la de ofrecer mayores oportunidades al rigor y la calidad de la función legislativa del Senado". En concreto, "abriendo la posibilidad de que, en el trámite de las proposiciones de ley, y a diferencia de lo que sucede con los proyectos, los senadores cuenten con el tiempo necesario para poder paliar, al menos, los déficits de documentación y análisis técnico y jurídico, así como de debate público y de participación social, de los que, como la experiencia demuestra, suelen adolecer este tipo de iniciativas legislativas". 

El PSOE recurrirá al Constitucional

Desde el PSOE ya han marcado su paso a seguir. La portavoz socialista en el Senado, Eva Granados, ha anunciado en los últimos días que el grupo parlamentario lo va a llevar al Tribunal Constitucional en el caso de que finalmente se acabe aprobando esta reforma. Además, la dirigente ha denunciado la rapidez sorpresiva con la que la han llevado al Pleno, incluso cuando esta iniciativa no se había tan siquiera publicado ni admitido a trámite. De hecho, Granados ha criticado que con este ritmo los grupos no podían hacer propuestas alternativas a esta proposición. Ante esto, finalmente los populares dieron de plazo hasta las 12.00 horas de este mismo 8 de noviembre para presentar sus propios proyectos. También ha denunciado la actitud "partidista" del presidente de la Mesa, el popular Pedro Rollán. 

En este contexto, los populares han cargado contra los socialistas. Javier Maroto -senador y vicepresidente del Senado- ha aprovechado para responder al anuncio del PSOE lamentando que "simplemente por respeto" a los servicios jurídicos de la Cámara Alta no deberían calificar de inconstitucional esta propuesta. "Si hubiese visos palmarios de inconstitucionalidad, los letrados no hubiesen permitido semejante calificación", ha reprochado para añadir que a su juicio los de Sánchez "confunden" los pasos en el procedimiento y "se equivocan". "La Mesa lo que ha hecho es seguir escrupulosamente los trámites que dice nuestro reglamento", ha sostenido al respecto.