El Partido Popular va con todo contra la futura ley de la amnistía, y para ello vuelve a aprovechar su poder en el Senado. Este jueves se ha conocido que el Grupo Popular ha presentado una propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara Alta con el objetivo de dar potestad a la Mesa para decidir si es pertinente o no aplicar el procedimiento de urgencia a las proposiciones de ley, una de las posibilidades que tiene el Gobierno para registrar esta polémica norma en el Congreso de los Diputados. De esta forma, los de Alberto Núñez Feijóo abren la puerta a poder retrasar la tramitación de la norma que podrían presentar en las próximas horas los socialistas y sus socios en el marco de la investidura de Pedro Sánchez. De 20 días podrían pasar a cerca de dos meses.

El PP fuerza una reforma del Senado

Desde que se conocieran las exigencias de los independentistas para apoyar la candidatura del secretario general del PSOE, el Partido Popular ya anunció que iba a utilizar todas las herramientas del Estado de Derecho a su alcance para frenar la Ley de Amnistía, que considera "inconstitucional", "inmoral" y "un fraude" a los electores, dado que no estaba dentro de ningún programa electoral y, por lo tanto, no fue votada en las urnas el pasado 23 de julio. Así, a parte de presentar recursos ante el Tribunal Constitucional en el momento de que la norma se apruebo, tal y como ha amenazado el propio Feijóo, el partido va a recurrir a más movilizaciones en la calle -de la mano de Vox- al tiempo que también va a hacer uso de la vía parlamentaria y institucional.

En este contexto, y a la espera de que el PSOE y sus socios registren el articulado en el Congreso, el Grupo Popular ha presentado en la tarde del pasado martes 31 de octubre en el Senado una propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara Alta por la que se modifica el artículo 133, un punto por el cual en los proyectos de Ley declarados urgentes por el Gobierno o por la Cámara Baja, el Senado dispone de un plazo de 20 días naturales para ejercitar sus facultades de orden legislativo. Asimismo, también recoge que la Mesa -ya sea de oficio, a propuesta directa de un grupo parlamentario o de un grupo mínimo de 25 senadores-, podrá decidir la aplicación del procedimiento de urgencia en las proposiciones de Ley.

Más de 20 días naturales

Así, en la exposición de motivos de su propuesta de reforma, el PP explica que la Carta Magna en su artículo 90 regula la tramitación por el Senado de los proyectos de ley ordinaria u orgánica aprobados por el Congreso, reduciendo a veinte días naturales el plazo de que el Senado dispone para vetar o enmendar los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por la Cámara Baja. Subraya en su iniciativa que el artículo 90 de la Constitución se refiere, por tanto, a los proyectos "pero no a las proposiciones de ley, mediante una literalidad que, tal como demuestran los trabajos parlamentarios, no es casual sino fruto de la voluntad de los constituyentes".

"Aunque en el informe de la ponencia constitucional del 5 de enero de 1978 se empleaba en el primer apartado del artículo la expresión 'proyecto o proposición de ley', esta fue después sustituida por la que finalmente se aprobó, esto es, 'proyecto de ley ordinaria u orgánica'", aseguran los populares. Por eso, los de Feijóo aseguran que la reforma del Reglamento que proponen "se sitúa en el marco del principio de autonomía reglamentaria de las Cámaras reconocido por el artículo 72.1 y, más concretamente, en el ámbito del apartado 1 del artículo 89 de la Constitución, según el cual 'la tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87".

"Paliar, los déficits de documentación y análisis técnico y jurídico"

Según la formación , su reforma es "además plenamente acorde con la prioridad de la tramitación parlamentaria de los proyectos sobre las proposiciones de ley establecida por el artículo 105 del Reglamento del Senado" y explica que "el objeto específico de esta reforma reglamentaria no es otra que la de ofrecer mayores oportunidades al rigor y la calidad de la función legislativa del Senado". En concreto, "abriendo la posibilidad de que, en el trámite de las proposiciones de ley, y a diferencia de lo que sucede con los proyectos, los senadores cuenten con el tiempo necesario para poder paliar, al menos, los déficits de documentación y análisis técnico y jurídico, así como de debate público y de participación social, de los que, como la experiencia demuestra, suelen adolecer este tipo de iniciativas legislativas". 

Para ello -haciendo gala de su mayoría como con el CIS y Félix Tezanos- piden la modificación del artículo 133 del Reglamento del Senado con el fin de atribuir a la Mesa de la Cámara "la facultad de decidir en cada caso sobre la pertinencia de la tramitación urgente de una proposición de ley". Esto podría dilatar la tramitación -en el momento en el que pasa del Congreso al Senado- de los 20 días naturales que rigen en este momento hasta un plazo de dos meses. Todo bajo la argumentación de analizar el "déficit" que dicen puede tener estas iniciativas, tan criticada por la derecha. El mismo Feijóo este jueves ha afirmado que su partido no se va a "callar" ante el "chantaje" de los independentistas que "acepta" Pedro Sánchez. "Frente al presidente que se rinde, España no lo hará", ha sostenido.

Vox se suma a la embestida

Vox también ha registrado una propuesta de reforma del Reglamento del Senado para suspender la tramitación de los proyectos de ley que no tengan informes preceptivos, como el de la ley de amnistía. Se trata de una propuesta que registró el pasado martes, como el planteamiento del PP para dilatar la amnistía, aunque en este caso los de Santiago Abascal buscan paralizar la ley de amnistía hasta que haya informes preceptivos. El texto de la iniciativa pide reformar el Reglamento para que "recibida en el Senado una proposición de ley aprobada por el Congreso, en caso de no haberse incorporado los informes que, de haberse presentado esa iniciativa por el Gobierno como proyecto de ley, hubieren sido preceptivos conforme a la ley o las leyes aplicables en cada caso, uno o más senadores podrán reclamar su incorporación antes de continuar su tramitación".