El concepto lawfare se ha convertido en el interrogante más buscado este viernes tras el pacto alcanzado por PSOE y Junts. En el acuerdo alcanzado entre ambos partidos para atar la investidura y la futura ley de amnistía se hace referencia a este anglicismo más común en términos doctrinales y teóricos que prácticos, al menos en la normalidad española, y las asociaciones judiciales han encendido la mecha al criticar su inclusión. Pero ¿qué es lawfare y qué antecedentes tiene?
¿Qué es el lawfare o judicialización de la política?
El término lawfare surge de dos palabras en inglés: Law, que significa ley y warfare, cuya traducción literal sería ir a la guerra. De esta fusión surge lo que en castellano se denominaría como guerra jurídica, expresión utilizada para referirse a situaciones en las que se registra una profunda instrumentalización de la justicia y sus respectivas instituciones para atacar, debilitar o neutralizar a un oponente político. Dentro de una definición algo más gruesa, consiste en el uso de procesos legales para cesar a cargos públicos. O lo que es lo mismo, valerse del sistema judicial de un país para intereses partidistas.
Este concepto se le conoce también como “judicialización de la política”, una locución que en estos últimos tiempos está en el orden del día, especialmente para referirse al procés independentista y sus derivadas judiciales. El lawfare, también conocido como persecución judicial, contempla el uso de la Justicia como arma arrojadiza contra el adversario político, violando por completo la separación de poderes y la independencia judicial que se le suponen a un estado democrático y de derecho.
La persecución judicial tiene diversos ámbitos de aplicación, siendo la más habitual la manipulación de la Justicia desde el terreno político para abrir causas sin pruebas suficientes o justificadas con el fin de influir en la opinión pública. De este modo, se deslegitima y neutraliza al adversario político, provocando incluso la destitución de cargos públicos. No obstante, también conlleva torpedear los intentos de los acusados de recurrir sus acusaciones.
El término lawfare, a menudo empleado en países latinoamericanos, se ha hecho notable en situaciones como la condena por corrupción a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y el impeachment de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en 2016, siendo frecuentemente mencionado por la prensa y los círculos políticos en estos contextos.
¿Cómo se aplica en el ámbito de la amnistía?
Las llamadas a lawfare en el acuerdo de investidura firmado por Junts y PSOE vienen desde la parte neoconvergente. Los de Carles Puigdemont han presionado para incluir este concepto con calzador en la medida de gracia a todas aquellas personas enjuiciadas por causas ajenas al procés. A su parecer, sus imputaciones son más una consecuencia del reto que comenzó con las leyes de desconexión en el Parlament. Es el caso de Laura Borràs, que fue condenada por falsedad documental y prevaricación, o de Gonzalo Boye, investigado por blanqueo de capitales. Ambos tienen cuentas con la Justicia por causas ajenas al procés.
Sin embargo, el poder negociador de Junts ha permitido introducir este término en el acuerdo entre sendas formaciones en el marco de la ley de amnistía. El texto incluirá “tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”. Así se recoge en el documento del pacto, donde se establece que se constituirán comisiones de investigación que tendrán en cuenta situaciones de persecución judicial susceptibles de aplicar el articulado.
Críticas de los jueces al lawfare
Con todo, tras la firma del acuerdo, no sólo la derecha política y mediática se ha pronunciado en contra, sino que también las asociaciones de jueces y fiscales -progresistas y conservadoras- han salido al paso. En documento suscrito por la totalidad de ellas, criticaron especialmente “las referencias al lawfare y sus consecuencias”, precepto que posibilita a la Cámara Baja a la creación de comisiones de investigación para determinar si se han producido este tipo de manipulación judicial contra fuerzas independentistas.
"Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes", han advertido. Frente a ello, han recordado que "los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución".
De este modo, rechazan que se ponga en duda el funcionamiento del Poder Judicial, al que catalogan como "independiente, no sometido a presiones políticas y con un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta".
Por su parte, Sergio Oliva, miembro del comité nacional de la AJFV, exhibe su "más profunda preocupación con parte del contenido del acuerdo". "En ese acuerdo, se establece la creación de comisiones de investigación por parte del Congreso de los Diputados que van a determinar si los jueces y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han incurrido en manipulación frente a los partidos independentistas", precisa.
