El pacto entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno ha generado una "profunda preocupación" entre los colectivos de jueces y fiscales, que ven en él un "riesgo evidente de quebrar la democracia".
En concreto, el acuerdo, que prevé una amnistía amplia que abarca los supuestos casos de 'lawfare' y plantea tomar "acciones de responsabilidad" contra los responsables de los mismos, supone una "intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes", según han denunciado en un comunicado conjunto las cuatro asociaciones judiciales -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)-.
Comunicado conjunto de las asociaciones judiciales 👇 pic.twitter.com/9X6oEKcBgE
— Juezas y Jueces para la Democracia (@JpDemocracia) November 9, 2023
Las asociaciones judiciales han criticado especialmente "las referencias al 'lawfare' o 'judicialización de la política' y sus consecuencias" que contiene el texto del pacto, que contempla la posibilidad de crear comisiones de investigación en el Parlamento para determinar si se han dado situaciones de manipulación judicial contra los partidos independentistas, con las posibles acciones legales o legislativas que se deriven de ello.
"Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes", han advertido. Frente a ello, han recordado que "los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución".
Así, han rechazado que se ponga en duda el funcionamiento del Poder Judicial, al que han defendido como "independiente, no sometido a presiones políticas y con un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta".
Por su parte, Sergio Oliva, miembro del comité nacional de la AJFV, ha mostrado su "más profunda preocupación con parte del contenido del acuerdo". "En ese acuerdo, se establece la creación de comisiones de investigación por parte del Congreso de los Diputados que van a determinar si los jueces y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han incurrido en manipulación frente a los partidos independentistas", ha señalado.
“Existe un riesgo evidente de quebrar la democracia”
Oliva ha afirmado que "lo único que han hecho los jueces en España en los últimos años ha sido cumplir estrictamente la ley". "Ese es el pecado", ha lamentado.
Así, ha reclamado que se respeten la separación de poderes y la independencia judicial, advirtiendo de que "estamos en un momento muy crítico" porque "existe un riesgo evidente de quebrar la democracia".
En la misma línea, el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, ha calificado el acuerdo entre PSOE y Junts de "muy grave" y ha alertado de que implica implícitamente "un cambio de modelo constitucional" al buscar el reconocimiento de las aspiraciones independentistas mediante una negociación que acepta incluso la figura de un mediador.
Para Viada, el texto "es un golpe de gracia al sistema constitucional español" y la ley de amnistía que se aprobará, "una consecuencia lógica del concepto de cambio de régimen político que quieren PSOE y Junts".
Ha destacado también que la mención de las comisiones de investigación que se pondrán en marcha en el Congreso para analizar responsabilidades en posibles casos de 'lawfare' es "lesiva para el Estado de Derecho" pero a la vez "consecuente" con la idea de que hubo "una ilegitimidad por parte del Estado para perseguir" determinados delitos: "Pero es que los jueces y fiscales actuaron como tenían que actuar".
Por último, ha indicado que, si la Justicia en España está politizada, "es por culpa entre otros de PSOE y de Junts", y ha señalado que el partido de Carles Puigdemont "no ha propuesto en la vida un cambio de paradigma para elegir al fiscal general del Estado o a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. "La politización existe, pero extraer de ello la ilegitimidad de las condenas del 'procés' es un exceso y una hipocresía que no debe aceptarse", ha concluido.
