La justicia decreta libertad para Koldo García

El Tribunal Supremo ha decidido mantener en libertad a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, y ha rechazado su ingreso en prisión provisional. El instructor del caso Koldo, el magistrado Leopoldo Puente, ha ratificado las medidas cautelares ya impuestas: prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y obligación de comparecer periódicamente ante la justicia.

La resolución llega tras una nueva comparecencia judicial en la que García ha optado por guardar silencio ante las preguntas sobre su presunto papel como “gestor y custodio” de fondos opacos procedentes de mordidas en contratos públicos.

La Fiscalía no aprecia riesgo de fuga

El magistrado ha seguido el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que descartó pedir prisión provisional. Aunque el Ministerio Público reconoció la existencia de riesgo de fuga, consideró que este se encuentra suficientemente controlado con las medidas cautelares vigentes.

La decisión llega pese a que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido recientemente un informe que refuerza el papel de García dentro de la trama. Los agentes lo describen como el “custodio” de las finanzas de Ábalos, responsable de manejar fondos y sufragar gastos personales del entonces ministro y su entorno más cercano.

Según el documento, García y su esposa, Patricia Úriz, habrían pagado viajes, regalos y gastos cotidianos vinculados al círculo familiar de Ábalos, sin que exista constancia de reembolso alguno. Estas operaciones, según los investigadores, reflejan una relación económica irregular entre ambos y una gestión opaca del dinero procedente de los contratos bajo sospecha.

El PP pide prisión preventiva

Las acusaciones populares, representadas por el Partido Popular, han adoptado una postura contraria a la de la Fiscalía. Han solicitado al juez Leopoldo Puente que ordene la prisión preventiva de García, argumentando que los nuevos hallazgos de la UCO agravan la situación judicial del exasesor y elevan el riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Será ahora el magistrado quien deba decidir si mantiene las actuales medidas cautelares o endurece las condiciones de libertad del investigado. La resolución se dictará en los próximos días mediante un auto judicial.

La declaración de Koldo García llega apenas un día después de que José Luis Ábalos también se negara a responder ante el juez del Supremo. Ambos silencios se producen tras la publicación de los últimos informes policiales que estrechan el cerco sobre la presunta trama de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia.

El papel central de Koldo García en la trama

La figura de Koldo García es clave en el entramado investigado. Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), García actúa como un verdadero custodio de las finanzas de Ábalos, gestionando fondos sin respaldo documental y asumiendo gastos que presuntamente beneficiaron directa o indirectamente al exministro y su entorno. Esa gestión habría incluido viajes, regalos e incluso pagos familiares sin que conste que Ábalos reembolsara esas sumas.

Investigaciones complementarias revelan que García protagonizó varias grabaciones entre 2019 y 2023, interceptadas por la Guardia Civil, en las que conversa con Santos Cerdán y con el propio Ábalos sobre cantidades de dinero, adjudicaciones y repartos. En esos audios se registra cómo García habla de montos vinculados a contratos amañados y comisiones encubiertas. En una de esas grabaciones se menciona que la trama manejó al menos 620.000 euros en mordidas, cuantía que Cerdán habría gestionado como una pieza intermedia.

Además, la UCO ha documentado que García utilizaba un lenguaje codificado para referirse al dinero en efectivo: palabras como “chistorras” (billetes de 500 €), “soles” (200 €) o “lechugas” (100 €) aparecen en sus conversaciones con su entonces esposa Patricia Úriz. Otros documentos intervenidos muestran que García pudo haber colaborado en el enchufe de personas vinculadas al entorno ministerial, por ejemplo al sugerir la contratación de ciertas personas o influir en decisiones de organismos públicos vinculados a Adif.

El rol de García no se limita a la administración del dinero. La Guardia Civil sitúa sus actividades desde al menos 2015, cuando habría iniciado maniobras de amaño de obras primero en Navarra y luego en Madrid, en colaboración con Cerdán. Se le atribuye un papel instrumental para conectar empresas con contratos de emergencia, a cambio de pagos en efectivo canalizados a través de estructuras opacas. Según informes, durante el boom de contratos por mascarillas, la empresa implicada obtuvo adjudicaciones sin licitación pública por más de 50 millones de euros.