Semana agitada en el Supremo con las declaraciones de Ábalos y Koldo tras el informe de la UCO

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado a declarar esta semana al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García Izaguirre, en el marco de la investigación sobre su presunta implicación en una trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos.
Las comparecencias se celebrarán el miércoles y el jueves, respectivamente, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitiera un nuevo informe que apunta a “ingresos irregulares y opacos” en el patrimonio del exministro y a una vinculación económica directa con Koldo, su mano derecha durante años.

El instructor ha decidido mantener las fechas pese a que los abogados de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE y también investigado, solicitaron aplazar las declaraciones por tener otros señalamientos judiciales. Puente rechazó el recurso, argumentando que existe un investigado en prisión provisional - en referencia al propio Cerdán - y que no procede demorar más el avance de la causa.

Será la cuarta vez que Ábalos y Koldo comparezcan ante el Supremo. Ambos están imputados por presunta corrupción y tráfico de influencias, dentro de una supuesta red que habría cobrado comisiones a cambio de adjudicaciones públicas durante la pandemia. Hasta ahora, el exministro ha optado por responder únicamente a su abogado y al magistrado, mientras que Koldo, más errático en su estrategia, declaró en varias ocasiones, aunque en la última comparecencia - en junio - se acogió a su derecho a guardar silencio, tras no conseguir que se aplazara su interrogatorio.

En aquella vista, las acusaciones populares, representadas por abogados vinculados al Partido Popular, pidieron el ingreso en prisión de ambos, una medida que la Fiscalía descartó entonces al no apreciar riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Esta vez, según fuentes jurídicas, el Ministerio Público esperará al contenido de las declaraciones antes de decidir si solicita medidas cautelares más severas. Por ahora, Ábalos y Koldo continúan con la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial.

Pagos sospechosos y “métodos no transparentes”

El nuevo informe de la UCO, que ha precipitado las citaciones, recoge “indicios consistentes” de que entre los patrimonios de Ábalos y Koldo existen zonas de intersección económica difíciles de justificar. Según detalla el auto de citación del magistrado Puente, el exasesor habría asumido de forma regular gastos personales del exministro, entre ellos la pensión alimenticia de uno de sus hijos, el salario de su empleada doméstica, cuotas hipotecarias, regalos, viajes y otros desembolsos privados.

El juez considera “significativo” que no existan transferencias ni movimientos bancarios que compensen esos pagos, lo que sugiere que no hubo contrapartida alguna por parte de Ábalos. De ahí que el instructor contemple dos escenarios: que Koldo realizara los pagos “en beneficio” del exministro sin esperar devolución, o que Ábalos le reembolsara el dinero en efectivo o mediante métodos no declarados.

Puente sostiene que, atendiendo a los ingresos regulares del exministro y al volumen de sus gastos reales, resulta plausible que se beneficiara de fuentes de ingresos no declaradas, lo que encajaría con las “recepciones ilícitas de dinero en metálico” atribuidas por la UCO. Según el juez, estas entregas de efectivo podrían haber sido gestionadas a través de Koldo García, quien después asumía parte de los pagos personales del exministro “de un modo u otro”.

El magistrado también apunta a la posibilidad de que ambos mantuvieran “métodos no transparentes” en la gestión de sus finanzas, compartiendo o encubriendo ingresos irregulares de procedencias diversas. Por ello, considera esencial volver a interrogarles para esclarecer si las transacciones detectadas responden a un acuerdo económico oculto o a un simple vínculo de amistad.

El gatillazo del informe de la UCO

Fuentes del PSOE subrayaron, tras conocerse el informe de la UCO, que este documento desmontaba las especulaciones sobre una supuesta financiación irregular del partido. Según indicaron, la Guardia Civil reconocía que no existía descuadre alguno entre las donaciones, las nóminas de diputado, las aportaciones y las cuotas, por lo que no había indicios de financiación ilegal.

El partido explicó que fue el propio PSOE quien reconoció y justificó los pagos a José Luis Ábalos, tanto en efectivo como por transferencia, respaldados con los correspondientes justificantes de gasto. Todas esas operaciones, añadieron, estaban avaladas por el Tribunal de Cuentas y auditadas externamente, lo que confirmaba la transparencia de sus finanzas.

Desde Ferraz insistieron en que sus cuentas habían sido siempre “claras y legales”, y que el informe de la UCO solo ratificaba esa versión. Tildaron de “calumnia” las afirmaciones que hablaban de pagos irregulares. El informe de la Guardia Civil reveló que Ábalos recibió dinero en efectivo del PSOE, aunque se trataba de gastos de representación - taxis, comidas u hoteles -. El partido detalló que esos pagos ascendieron a 6.691,88 euros en 2017, 10.368,11 en 2018 y 2.578,98 en 2019, todos justificados documentalmente ante el juzgado.