Según ha adelantado la SER, la titular del juzgado 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha instado este martes al Tribunal Supremo a que impute al agitador de extrema derecha, Alvise Pérez, por delitos de revelación de secretos y de actuaciones procesales. Lo hace después de que el ex secretario de Estado de Seguridad del PP, Francisco Martínez, presentara la denuncia después de que Alvise, a través de su canal de Telegram, publicara una conversación entre Martínez y un periodista con la que se filtraban datos que afectaban a la privacidad del exscretario y de sus hijos.
La conversación, que fue decartada en la investigación del 'caso Kitchen' por no tener relevancia en el proceso, no fue el único contenido publicado por Alvise. Así, adjuntó también un número de cuenta para recibir donaciones, por lo que se le ha sumado el agravante de afán recaudatorio y "ánimo de lucro". Con esto último, la posible pena de cárcel se elevaría hasta los siete años.
Cuarta causa penal
Con esta petición de la juez, y en caso de que el Alto Tribunal admita la exposición razonada, el eurodiputado se enfrentaría a la cuarta causa penal, después de la presunta financiación ilegal del empresario Álvaro Romillo, la publicación de la falsa PCR al actual presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en las elecciones autonómicas de 2021, y el acoso a la fiscal Susana Gisbert.
Precisamente sobre la causa que lo investiga por la PCR falsa, este lunes el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Javier Hernández ha acordado prorrogar hasta seis meses más, es decir, hasta el próximo mes de noviembre, la causa abierta al eurodiputado de Se acabó la fiesta por la difusión de una presunta prueba falsa de COVID-19 del exministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.
En un auto dictado este lunes, el instructor ha explicado que adopta esta decisión a raíz a petición del propio Illa, que solicitaba continuar con la investigación durante los próximos seis meses, es decir, hasta noviembre.
El magistrado ha recordado que el plazo de las diligencias de investigación puede prorrogarse cuando sea necesario practicar nuevas pesquisas y, en este caso, aún está pendiente que el Parlamento Europeo dé su autorización al Supremo para la imputación de Alvise, quien goza de inmunidad parlamentaria por su condición de eurodiputado.
El propio juez del Alto Tribunal ha avisado de que se trata de un "trámite que, a todas luces, reclama un tiempo de tramitación que se prolongará por varios meses": "Vinculado con lo anterior cabe también plantearse la oportunidad hipotética de práctica de diligencias tecnológicas tendentes a la acreditación provisoria de los hechos justiciables, así como, en su caso, las diligencias de contenido inculpatorio previstas" en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), apunta el magistrado.
Supuestos hechos delictivos
Fue el pasado mes de abril cuando el Supremo abrió causa a 'Alvise' al apreciar "múltiples" indicios fundados de presuntos delitos de falsedad en documento privado e injurias por la difusión de una PCR falsa de Illa. La cuestión llegó al Alto Tribunal después de que en 2021 el Juzgado de Instrucción Número 33 de Barcelona recibiera una querella de la Fiscalía. El pasado septiembre, se envió el caso al TS, toda vez que Alvise goza de la condición de aforado por ser eurodiputado. Por defectos formales, el tribunal reenvió el procedimiento a Barcelona, lo que ralentizó la decisión que finalmente ha trascendido este viernes.
Los hechos se remontan al 11 de febrero de 2021, cuando Alvise publicó un tuit durante la campaña electoral a las elecciones catalanas y en el marco de un debate electoral televisado entre los candidatos, entre los que se encontraba Illa.
El eurodiputado publicó en su cuenta de Telegram, donde aúna miles de seguidores, un texto que rezaba: "Hola Salvador Illa. Entre la LOPD o demostrar que un ministro y candidato autonómico de mi país miente... la segunda". El mensaje iba acompañado de la fotografía de un documento que simulaba un informe clínico fechado unos días antes, en el que se hacía constar el resultado "positivo" de una PCR a nombre de Illa.
La Fiscalía defiende que dicho documento es totalmente falso y que lo habría confeccionado Alvise con ánimo de perjudicar a Illa y al PSC. Y pese a que señala que aún hay "diligencias pendientes de comprobación", considera que aunque "se trata de un retuit sin relación con el autor del original" seguiría siendo posible investigarle cuando menos por un delito de utilización de un documento falso e injurias.
