El Tribunal Supremo (TS) ha acordado la apertura de diligencias contra el eurodiputado Luis Alvise Pérez por financiación ilegal y por la difusión de una PCR falsa del actual presidente de Cataluña, Salvador Illa. Lo hace al apreciar indicios de presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental, aunque deberá solicitar previamente permiso a la Eurocámara para poder dirigir las pesquisas en su contra.
En esta línea de la presente investigación, la Fiscalía ya apoyó con anterioridad la exposición remitida por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en la que instaba al TS a abrir las pesquisas por un presunto delito de financiación ilegal y por un delito electoral por los 100.000 euros que habría recibido del empresario Álvaro Romillo, alias ‘Cryptospain’, para su formación política.
Por su parte, por lo que se refiere a la PCR falsa de Illa, el procedimiento se remonta a 2021 en el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona después de que la Fiscalía presentara una querella. Sin embargo, la incorporación de Alvise a la Eurocámara hizo que las competencias de la investigación recayeran en el TS, motivo por el cual el juzgado de Barcelona le remitió el asunto el pasado septiembre, aunque con defectos formales, lo que ha provocado cierta ralentización en el proceso.
Sin embargo, el Supremo ha rechazado abrir causa contra Alvise por un presunto delito de desórdenes públicos en el contexto de las protestas contra la amnistía producidas a finales de 2023 ante la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid.
Investigaciones paralelas: amenazas y calumnias
Estas dos causas que ahora se abren contra Alvise tras la orden del Supremo no son las únicas que mantienen al eurodiputado bajo la lupa de la justicia. La titular del Juzgado de Instrucción Número 18 de Sevilla ha prestado declaración este viernes ante la Fiscalía del Supremo para que se haga cargo de la causa contra 'Alvise' por la difusión de contenidos que podrían constituir delito de amenazas contra la juez.
Asimismo, un juzgado de Castilla y León ha hecho llegar al Supremo una denuncia del diputado socialista Javier Alfonso Cendón contra 'Alvise' por un presunto delito de calumnias por vincularle con la trama del 'caso Tito Berni' en su canal de Telegram.
De la misma manera, al Alto Tribunal llegó también una querella de Vox contra 'Alvise' por sugerir que su líder, Santiago Abascal, podría haber recibido dinero de la empresa de criptomonedas dirigida por Romillo. Sin embargo, la Sala de lo Penal la archivó al considerar que no hubo delito en esas declaraciones porque expresan sospechas, no imputaciones.
Por otro lado, la Audiencia de Sevilla investiga una denuncia de la Fiscalía por una publicación de 'Alvise' en su canal de Telegram donde aparece una fotografía de la hija del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obtenida de su perfil privado de Instagram, por posible revelación de secretos o vulneración de la intimidad.
Sanción por no declarar ingresos
La apertura de diligencias se produce días después de que el Parlamento Europeo sancionara a Alvise por no declarar los ingresos al comienzo de la legislatura. Por ello, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, anunciaba una multa de 700 euros al eurodiputado, lo que se unía a los presuntos delitos de financiación ilegal y delito electoral.
Concretamente, esta sanción tenía como motivo haber infringido "las obligaciones de transparencia" del código de conducta de la Cámara, imponiéndose así la "pérdida del derecho a dietas por estancia durante un periodo de dos días", según relataba Metsola.
Cabe recordar que el pasado mes de diciembre, el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), liderado por el partido Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, integró en sus filas a los otros dos eurodiputados de SALF, pero dejó fuera a su fundador, que se mantiene como ‘No Inscrito’. Entonces, fuentes de ECR explicaron que el grupo es consciente de la investigación abierta por la Audiencia Nacional (AN) en contra de Alvise por presunta financiación irregular y querían esperar a tomar una decisión sobre el agitador hasta conocer la resolución del caso.
