Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo (TS) e instructor de la causa del procés catalán, ha comenzado a trabajar en un texto para modificar los delitos por los que reclama al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras la derogación del delito de sedición y los cambios en la malversación tras la reforma del Código Penal.
Tal y como ha adelantado La Vanguardia este miércoles, el instructor estaría buscando un nuevo encaje para reclamar a Puigdemont, sobre quien pesa una orden europea para detenerlo por rebelión por la intención de proclamar la independencia en Cataluña ya que, a finales de 2017, huyó del país con destino a Bélgica en aras de evitar la pena de cárcel.
Los casos del resto de líderes del procés condenados
Las defensas de los líderes del procés condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña esperarán a que con la derogación de la sedición y la rebaja de penas de malversación el Supremo se decante este jueves con una decisión al respecto, ya que es la fecha en la que la reforma del Gobierno central entra en vigor, por lo que se podrá modificar la orden de entrega de Puigdemont.
Sin embargo, uno de los principales temas a llevar a la mesa de debate será si el delito de sedición que se les imputa a la mayoría de ellos tiene encaje en los desórdenes públicos que ahora incluye la reforma, además de los cambios que han afectado al delito de malversación.
No obstante, se debe tener en cuenta que el caso del expresident no es el mismo que el de otros dirigentes tales como Oriol Junqueras o los exconsellers Jordi Turull -ahora líder de JxCat-, Raül Romeva y Dolors Bassa, cuyas condenas el Supremo no llegó a delimitar cuántos años de prisión correspondían a cada delito.
Sus respectivas defensas alegan que no hubo malversación durante el procés porque no se causó ningún perjuicio en el erario público, a la par que sostienen que la revisión de las penas de cárcel en base a la sedición también afectará a las penas por inhabilitación.
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