El Senado ha aprobado definitivamente la reforma del Gobierno del Código Penal que incluye la derogación del delito de sedición y la rebaja de penas por malversación, entre otras cosas. Tras la cuestionada decisión del Tribunal Constitucional de intervenir un proceso parlamentario en curso -algo inédito- y extirpar la enmienda que forzaba la renovación del propio TC, la Cámara Alta ha dado luz verde al resto del paquete con 140 síes frente a 118 noes y tres abstenciones. El presidente del Senado, Ander Gil, ha censurado que el TC haya impedido la votación con un afilado mensaje: "El Tribunal Constitucional ha imposibilitado el pleno ejercicio de las legítimas facultades del Senado de España".
El debate ha sido bronco, con las derechas acusando al PSOE de haberse vendido al independentismo. El tono y el argumentario ya lo adelantó Alberto Núñez Feijóo durante su cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En sintonía con la intervención del jefe de la oposición, el PP se pasó de frenada lanzando una campaña este jueves coincidiendo con el sorteo de Lotería de Navidad. Desde la cuenta oficial del partido han publicado un vídeo felicitando a los socios del Ejecutivo y a los agresores sexuales porque "ya les ha tocado el Gordo". Por su parte, los socialistas han arremetido contra el PP por su bloqueo al CGPJ y al TC.
El nombre con el que la coalición registró la reforma fue Proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y la reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso; un paraguas con el que acometen una profunda reforma del Código Penal que impacta no solo en el delito de sedición y malversación, sino en otros tipos como el contrabando de armas de doble uso, la lucha contra el fraude o el blanqueo, la ocultación de cadáver y las criptomonedas.
El texto elimina el artículo 544 del Código Penal, que definía el delito de sedición, y modificaba el 557 para dibujar los “desórdenes públicos agravados”. De esta manera, el Gobierno rebajó las penas para las autoridades de los 10-15 años a entre tres y cinco. Mismo destino para las inhabilitaciones, que pasaron de los 10-15 años a entre seis y ocho. En cuanto al delito de malversación se refiere, se diferenciarán los casos en los que haya lucro personal y las penas disminuyen de seis a cuatro años, no a tres como proponía Esquerra inicialmente.
Moncloa también registró la creación de un nuevo delito, el de enriquecimiento ilícito. Este tipo penal, que existía en otros países pero no en España, obligaría a los cargos públicos a justificar incrementos patrimoniales desproporcionados. Hasta ahora, únicamente debían publicar sus declaraciones de bienes y rentas. Con esta propuesta, aquellos que presenten un aumento patrimonial superior a 250.000 euros por encima de sus ingresos actuales o la cancelación de deudas por un valor semejante durante su ejercicio y hasta cinco años después tendrán la obligación de justificarse. En caso contrario, serían condenados con penas de cárcel que oscilan entre los seis meses y los tres años, inhabilitación por un periodo de entre dos y siete años y multas de tres veces lo obtenido.
Un bloqueo persistente
Moncloa registró una enmienda para esquivar el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional. Plantearon un cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial que suprimiría la mayoría de tres quintos. La nueva norma forzaría a iniciar el procedimiento, a lo sumo, cinco días después de la entrada en vigor de la ley. El presidente del CGPJ tendría que abrir el proceso y cada vocal podría proponer un candidato. La votación tendría lugar tres días después y los dos nombres con más apoyos serán los elegidos.
Sin embargo, esta iniciativa fue suprimida por el órgano al que afectaba. El Constitucional se reunió el pasado jueves y amagó con intervenir el Congreso de los Diputados para que no se pudiera votar. Dilataron su decisión al lunes 19 de diciembre por petición de los magistrados progresistas, que solicitaron estudiar bien los recursos interpuestos por Unidas Podemos y PSOE contra el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y Antonio Narváez, los dos de mandato caducado y que se veían directamente afectados por la ley. El Constitucional se decantó por no permitir la votación alegando un problema de forma. En consecuencia, la coalición, en connivencia con las formaciones del bloque de la investidura, trabaja una Proposición de Ley con el mismo contenido que registrará en los próximos días.
