Dos casos judiciales en Madrid se han visto unidos colateralmente por la acción de un mismo juez. El magistrado que propuso imputar al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y que a su vez descartó querellas contra Juan Carlos Peinado, instructor del caso de Begoña Gómez, ahora no aprecia indicios delictivos contra Ana Millán, ‘número 3’ de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y quien está acusada de cuatro delitos de corrupción.
Se trata de Juan José Goyena, juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), quien este martes, a través de un auto, ha decretado que no percibe indicios de delito según lo recabado por la Guardia Civil desde 2020 en la causa que señala a Millán; todo ello pese a que la jueza de Navalcarnero del mismo tribunal sí que percibió hasta cuatro presuntos delitos de corrupción.
Según las conclusiones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), Ana Millán, su hermana y actual marido habrían obtenido contraprestaciones por la adjudicación de contratos valorados en más de 600.000 de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arroyomolinos a partir de 2008 y sobre los que los acusados habrían percibido más de 200.000 euros.
El conjunto de este contexto judicial se entiende al recordar que la magistrada del Juzgado número 6 de Nalvalcarnero, Lidia Prado, investigó durante cuatro años el cobro de mordidas por parte de Millán y, después del nombramiento de esta como diputada por Madrid y presidenta de la Asamblea regional por orden de Díaz Ayuso, la jueza se limitó a dictar un auto de inhibición a favor del TSJM. Posteriormente, la Fiscalía se opuso al no ser un procedimiento que requería el caso y porque no se habían terminado las diligencias.
Cabe recordar así que la jueza, al unísono con los informes de la UCO, apreció que Millán, en su etapa de concejala en Juventud, así como el empresario Francisco Roselló -quien tuvo contratos con esta concejalía hasta el cambio interno de Millán a otro departamento-, habrían cometido presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y administración desleal cuyo origen se sitúa en vínculos con el caso Púnica del PP, aunque posteriormente los delitos de este prescribieron.
Goyena no percibe “actuaciones delictivas” pese a la jueza y la UCO
Actualmente, y por orden de Goyena, se ha dado orden a Prado de completar las pesquisas judiciales para determinar si la exalcaldesa de Arroyomolinos cometió o no los delitos que se le acusan y que habría cometido en su etapa de cargos municipales. Además, ha solicitado que remita a esta Sala exposición razonada sobre los motivos por los que considera, "qué hechos denunciados constituyen delito, su eventual imputación a la denunciada y la correspondiente atribución a este Tribunal para el conocimiento de la causa".
El magistrado del TSJM señala que la inhibición "no establece una relación precisa, dentro de lo que es la fase de investigación criminal en la que nos encontraríamos, entre una serie de hechos, que objetivamente no ostentan por sí la naturaleza de delito y la obtención de unos beneficios patrimoniales, para sí o para personas de su entorno familiar, o que configuren una actuación de tráfico de influencias o de presunta corrupción en el ejercicio de su cargo".
Señala por ejemplo que "la investigada habría recibido 51.104,67 euros de una empresa y del otro investigado y que respondería al pago del alquiler de un ático en Arroyomolinos, durante los años 2008 y 2012, pero no se vincula en el auto con una presunta actuación delictiva en su condición de concejala", según el argumento judicial de Goyena.
Ahora, el siguiente paso vendrá con que la jueza de Navalcarnero plasme con más detalle los indicios ya recogidos hace cuatro años atrás y elevar su exposición al TSJM para el último veredicto, aunque previamente deberá interrogar al marido de Millán.
Protector del juez Peinado y partícipe del caso del novio de Ayuso
La acción judicial del magistrado Goyena también ha tenido recientemente otro foco mediático. Dicho juez informó sobre la querella del novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, contra el fiscal encargado de su caso de doble fraude fiscal y falsedad documental. Entonces, admitió a trámite la querella reproduciendo así los argumentos del acusado y, posteriormente, propuso al Tribunal Supremo que investigara al fiscal García Ortiz por presunta revelación de secretos en el marco de la filtración.
Asimismo, Goyena formó parte del tribunal que rechazó la querella interpuesta por el presidente Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado en el marco de la investigación judicial que se cierne sobre su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias.
