Los periodistas Eduardo Inda, Joan Girado y Javier Negre han sido reclamados para testificar en los juzgados de Puerto del Rosario, en las Islas Canarias, el día 27 de marzo a las 09:00, 10:00 y 11:00 horas, respectivamente, según ha podido saber ElPlural.com.
La declaración de estos tres periodistas se producirá por videoconferencia en el marco de las investigaciones del tratamiento mediático del caso Mediador, protagonizado por Juan Bernardo Fuentes Curbelo, más conocido como el 'Tito Berni'. Las tomas de declaraciones, aunque telemáticas, se celebrarán oficialmente en esta localidad con el objetivo de liberar auxilio judicial al Juzgado decano de Madrid, además de ser la ciudad natal del principal investigado.
El caso Mediador es una trama de corrupción que fue descubierta el 14 de febrero de 2023 tras una serie de detenciones llevadas a cabo en varias provincias, incluyendo Canarias. La trama se basaba en ofrecer a empresarios ventajas en la contratación pública a cambio de sobornos, y también extorsionarlos a cambio de favores en inspecciones y ayudas europeas. De la mano, se descubrieron fiestas relacionadas con la trama que incluían prostitución, alcohol y drogas.
La trama estaba encabezada por cuatro responsables principales: Juan Bernardo Fuentes Curbelo, exdiputado del PSOE conocido como "Tito Berni", su sobrino Taishet Fuentes, que cuatro días antes de su detención había sido proclamado candidato del PSOE canario para ser alcalde de Antigua, el general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa Navas y Marco Antonio Navarro Tacoronte, conocido como "el Mediador".
Los empresarios que querían valerse de los privilegios de este entramado debían abonar un pago de 5.000 euros, que se escondían a través de terceras entidades como la Asociación Deportiva Vega Tetir, presidida por el exdiputado socialista y una asesoría, aunque también se recibían pagos en especie, como la instalación gratuita de placas solares en una finca familiar. María de los Ángeles de Lorenzo-Cáceres Farizo, la jueza a cargo del caso, ha investigado contratos por valor de 2,3 millones de euros otorgados por la Unión Europea en los que los implicados cobraban comisiones a cambio de dar subvenciones a empresarios ganaderos. Todos los implicados que militaban en el PSOE fueron destituidos del partido en el momento que se conoció el asunto.
La trama se descubrió gracias a Ángel Luis Pérez Peña, consejero de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife, sacó a la luz las corruptelas después de que una serie de gastos elevados llamaran la atención de su pareja. Esas compras de bienes o servicios, efectuadas a través de Navarro Tacoronte, le hicieron defenderse señalando que había sido víctima de una estafa y denunciando los hechos ante el Cuerpo Nacional de Policía. Reiteró que ninguno de los cargos bancarios fueron consentidos por él y que en ese momento desconocía al autor de tales pagos. Admitió que había visto tres o cuatro veces a Navarro Tacoronte pero no se explicaba cómo pudo efectuar los cargos, ya que nunca le había facilitado sus datos bancarios. No obstante, Navarro Tacoronte demostró con pantallazos de su móvil que los encargos de los pagos fueron realizados personalmente por Pérez Peña, al que se le abrió una investigación por falsa denuncia.
En una declaración posterior, Navarro Tacoronte aportó datos de numerosas reuniones con Pérez Peña para acreditar el conocimiento mutuo. Además, aseguró que se le iba a pagar con desviaciones de presupuestos y con asignaciones a ciertas empresas, ya que supuestamente, Pérez Peña podía, desde el puesto que ocupaba, manipular las partidas de los presupuestos. Para mostrar la veracidad de sus afirmaciones, Navarro ofreció datos precisos de supuestos encuentros que él tuvo con diversos empresarios, con los que llegó a crear un grupo de Whatsapp, además de otros cargos públicos de la corporación insular.
