La Fiscalía Europea se ha levantado en armas contra la decisión de la fiscal general de Estado, Dolores Delgado, de partir en dos la investigación que afecta a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid (CAM), Isabel Díaz Ayuso, por el presunto cobro de comisiones en un contrato de la CAM. Como explicaba ElPlural.com, Delgado, tras escuchar a la Junta de Fiscales de Sala del Supremo tomó una decisión salomónica y dividió la investigación en dos. Pero desde la Fiscalía europea acusan a Delgado de haberse saltado la legislación y de ser “parcial”.

La parte del Ministerio Público que dirige la que fuera fiscal de Gürtel, Dolores Sabadell, no comparte ni por asomo, la decisión de la exministra de Justicia de partir la investigación. De hecho, desde la Fiscalía Europea lo han dejado bien claro en un comunicado nada halagüeño para la Fiscalía General del Estado.

Dicho comunicado especifica que la decisión de Delgado “no se ajusta a la legislación europea”. Literalmente firman: “La Fiscalía Europea (EPPO) ha tomado nota de la decisión de 28 de marzo de 2022 del Fiscal General del Estado de dividir la competencia sobre los mismos hechos entre la Fiscalía Anticorrupción y la EPPO. La EPPO opina que esta decisión no se ajusta a la legislación de la UE y continuará su investigación”.

El comunicado

Pero, además de decir que Delgado se ha saltado la legislación, acusación sumamente grave, el comunicado también explica que, “en esta ocasión, la fiscal general europea desea expresar su preocupación por el procedimiento que llevó a la decisión del fiscal general del Estado. Específicamente, la decisión sobre un conflicto de competencia entre un organismo nacional y un organismo europeo ha sido tomada por la fiscal general del Estado, que es el superior jerárquico del organismo nacional y, por lo tanto, parcial al procedimiento en curso. Además, la decisión se ha tomado sin escuchar a ambas partes en el conflicto de competencias durante la reunión de los Fiscales de Sala.

Por último, señala el comunicado que, “la ley española que regula este procedimiento, que se refiere a la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión, no prevé ningún recurso. Esto impide que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ejerza su mandato exclusivo de garantizar la correcta interpretación de la legislación de la UE y, por lo tanto, constituye un desafío a la supremacía de la legislación de la UE”.

Este comunicado llega 24 horas después de que, desde la Audiencia Nacional, se haya nombrado un juez de garantías como establece la ley. Cabe recordar que al contrario de lo que ocurre en España, los fiscales europeos instruyen los casos, pero necesitan un juez de garantías que vigile algunas de sus actuaciones. Por ello, ese papel le ha tocado a Alejandro Abascal, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1.