El presunto cobro de comisiones de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Las Diligencias Preprocesales abiertas por el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, para investigar ese presunto cobro de comisiones ha terminado en una guerra fría entre Anticorrupción y la Fiscalía Europea: todos quieren parte del pastel.
La mandamás del Ministerio Público, ante la lucha de ambos bloques, ha terminado firmando una 'decisión salomónica' para tratar de evitar una guerra abierta entre Anticorrupción y la Fiscalía Europea para dirimir quiénes serán los investigadores del asunto. Pero Delgado, en una rúbrica histórica ha sorteado lo dicho por la Junta de Fiscales de Sala, sus propios 'generales', que apostaban por unanimidad por otorgar las competencias a Luzón, para terminar dando más "competencias" a la Fiscalía Europea.
Es decir, que lo que las fuentes de la Fiscalía General del Estado han vendido a los medios de comunicación, y todos han publicado a media tarde del lunes cuando ha terminado la Junta de Fiscales de Sala poco o nada tiene que ver con la realidad del decreto que, horas después, la jefa del Ministerio Público ha firmado. O, lo que es lo mismo, la reunión de esos 'generales' de Delgado terminaba con el anuncio de que Luzón y Anticorrupción tenían el pleno aval de Delgado, pero el documento que ha firmado la fiscal general del Estado horas después repartía casi todas las competencias a la Fiscalía Europea.
El reparto
Así, su rúbrica otorga a la Fiscalía Europea no solo el presunto fraude de subvenciones de la Unión Europea -competencia plena de este ente- sino dos delitos más que, según las fuentes de Anticorrupción, los colegas dirigidos por la exfiscal de Gürtel, Concepción Sabadell, no podrían investigar.
Según se especifica en el decreto al que ha tenido acceso ElPlural.com y que firma Dolores Delgado otorgando la competencias a la Fiscalía Europea, a la par que a Anticorrupción, "el dato referente al origen de los fondos no constaba en las Diligencias de Investigación de la Fiscalía Especial por lo que no se pudo informar en el sentido expresado en el artículo 24 RFE con anterioridad a recibir la primera comunicación de la Fiscalía Europea el día 1 de marzo de 2022. Todo ello debido entre otras razones a que la adquisición de las mascarillas se pagó con cargo a los presupuestos de la Comunidad de Madrid de manera inicial y no es hasta que se promulga el Reglamento UE 2020/558, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 cuando se aprueban medidas específicas a cargo de los fondos europeos y se imputan a estos el importe del citado contrato". O traducido al lenguaje profano, que no tenían ni idea de que el dinero con el que se pagaron las mascarillas era procedente de fondos europeos.
Por tanto, Delgado, en un alarde de ser ecuánime, ha tratado de repartir el asunto entre las dos Fiscalías como buenos hermanos. El decreto especifica que "el artículo 25.1 RFE dispone que, cuando la Fiscalía Europea decida ejercer su competencia, las autoridades nacionales competentes no ejercerán la suya respecto del mismo comportamiento constitutivo de delito. Esto significa que sí pueden hacerlo respecto de los demás hechos, con el límite que representan la participación en una organización delictiva centrada en cometer delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea (artículo 22.2 RFE) y los delitos indisociablemente vinculados con un comportamiento constitutivo de delito contra los intereses financieros de la Unión Europea (artículo 22.3 RFE). Así, el artículo 4.3 de la LO 9/2021 establece que la competencia de los Fiscales europeos delegados se extenderá, en los términos previstos en el RFE, a los delitos indisociablemente vinculados a los que son de su competencia directa: referidos en el artículo 4.2 y que incluyen los delitos contra la Hacienda de la Unión, defraudación de subvenciones y ayudas europeas, el cohecho y la malversación, cuando perjudiquen de cualquier manera los intereses financieros de la Unión".
De esta manera, deja para Luzón, el fiscal jefe de Anticorrupción, los delitos de negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias que mencionaban los denunciantes ya que, según el decreto, "no se encuentran en la esfera de competencia directa de la Fiscalía Europea por lo que habrá de analizarse si se hallan ‘indisociablemente vinculados’ a los que sí se encuentran en ella". Es decir, que Delgado le ha dado la razón a la Junta de Fiscales de Sala, pero con trampa: todo es susceptible de acabar en manos de 'Conchita' Sabadell.
