La investigación del contrato de Priviet Sportive para la compra de mascarillas que implica a Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta madrileña, ha llegado a la Audiencia Nacional de la mano de la Fiscalía Europea.
Cabe recordar que al contrario de lo que ocurre en España, los fiscales europeos instruyen los casos, pero necesitan un juez de garantías que vigile algunas de sus actuaciones. Por ello, ese papel le ha tocado a Alejandro Abascal, el Central de Instrucción número 1.
Esa asignación le ha tocado a Abascal por reparto y se ha llevado a cabo una vez se ha conocido el decreto de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que permite una investigación en paralelo de este asunto tanto por el organismo europeo sobre el posible desvío de dinero de la UE como por la Fiscalía Anticorrupción, que indaga sobre posibles delitos cometidos por la Administración autonómica en este asunto.
Al juez de garantías asignado a una investigación de la Fiscalía Europea le corresponde autorizar todas las diligencias de investigación restrictivas de derechos fundamentales tales como un registro o decretar medidas cautelares a los investigados.
También es el encargado de decidir si se declara el secreto de la investigación, su prórroga, la apertura del juicio oral o disponer el sobreseimiento una vez los fiscales europeos den por concluidas sus pesquisas.
Mes y medio de caso
Anticorrupción abrió diligencias sobre el contrato de Priviet Sportive el pasado 22 de febrero a raíz de las denuncias presentadas por el PSOE, Más Madrid y Podemos en Madrid tras la publicación en medios de comunicación del caso.
Tras varias versiones, la propia Isabel Díaz Ayuso desveló entonces que su hermano Tomás había cobrado algo más de 55.000 euros de este contrato como contraprestación por su mediación comercial en lo más duro de la pandemia.
