Cada nueva información que se conoce de lo sucedido el día 29 de octubre en Valencia hunde un poco más, políticamente hablando, al presidente de la Generalitat maCarlos Mazón; y judicialmente a la consellera de Justicia ya cesada, Salomé Pradas. Según ha podido saber ElPlural.com de fuentes conocedoras de los hechos, aquel fatídico día, Pradas pidió la UME para Utiel, que llevaba bajo las aguas desde por la mañana, pero no solicitó ese mismo cuerpo para el resto de la zona afectada hasta las 20:36, y eso que en el 112 ya había una llamada desde las 17:19, en Chiva, alertando de varias personas subidas al tejado de una casa porque estaba totalmente inundada.
La petición de la UME a esa tardía hora no es para nada baladí, puesto que cuando se solicitó el cuerpo militar, los cadáveres de la mayoría de los 227 fallecidos por la DANA ya flotaban por las calles de los diferentes municipios de L´Horta Sud. La tardanza en pedir efectivos se suma al hecho de la tardanza en enviar el mensaje de alerta, no solo "tardío" (20:11), sino "erróneo" según la magistrada que instruye el procedimiento penal del caso.
El informe del 112 enviado al juzgado ha sido la puntilla para las mentiras de la administración de Carlos Mazón. Un informe que demuestra que desde tres horas antes de enviar el ES-Alert eran plenamente conocedores, al menos Pradas, de que la cabecera del barranco del Poyo se estaba desbordando, pero es más, desde una hora y cuarenta minutos antes, tenían llamadas alertando de que Paiporta, zona 0 de la zona 0, se estaba inundando. Una información que Salomé Pradas no compartió, es decir, ocultó a parte del Cecopi, tal y como ha desvelado este periódico en exclusiva. Así, y con respecto a la tardanza en solicitar a la UME, será la magistrada la que deba dilucidar si, de haberse desplegado, podría haber salvado vidas, como también lo habría hecho el recibir el mensaje de alerta en tiempo y forma.
Las llamadas ocultadadas al Cecopi
El relato del PP de Mazón se ha caído, una vez más, con el informe del 112 entregado a la magistrada del Juzgado Número 3 de Catarroja que instruye la causa de la DANA. Aquel día, el 112, dependiente de la Conselleria de Justicia, con la entonces consellera Salomé Pradas, recibió los primeros mensajes del desbordamiento del barranco del Poyo en Paiporta, zona 0 de la DANA, a las 18:32. Un mensaje que alertaba no solo del desbordamiento, sino también de que no se habían cortado los accesos. Es decir, que Pradas y su equipo eran plenamente conscientes de las inundaciones una hora y cuarenta minutos antes de enviar el ES-Alert a los ciudadanos.
Pero es más, entre las 16:40 y las 16:41, el 112 recibe en menos de un minuto tres llamadas desde Chiva alertando de que el agua ya está entrando en las viviendas. Llamadas que se siguen produciendo. A las 16:56, otra llamada desde ese mismo municipio alerta de que el agua ya les llega a la primera planta. Estas llamadas son más que importantes porque, este municipio, es la cabecera del Poyo.
El listado de llamadas aportado por el 112 al juzgado es un listado aséptico del dolor y el miedo que se vivió la tarde y la noche del 29 de octubre en Valencia. Hay una llamadas desde Massanassa a las 18:41 que alerta de que el agua está arrastrando a más de 50 coches, u otra a las 19:07 desde Picanya en la que se pide ayuda para una mujer de 80 años con Alzhéimer que está en su sofá desorientada. A las 17:19, tres horas antes de que Pradas por fin se decidiera a enviar la alerta, el 112 ya había recibido una llamada de personas que estaban atrapadas en un tejado en Chiva.
Tres horas en las que se sabía que la cabecera del barranco del Poyo estaba completamente desbordado. Es más, las primeras llamadas de esa zona entran entre las cuatro y media y las cinco de la tarde. Este informe desmonta todo el relato vendido hasta ahora por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su consellera ese día Salomé Pradas, y por todo el PP valenciano y estatal sobre que nadie les alertó, que no sabían que el Poyo venía crecido y desbordado. Este informe va a suponer un antes y un después en la instrucción judicial sobre las 227 muertes que se produjeron aquel día.
Unas muertes evitables, según expone la juez en sus autos, quien no ha dejado de afirmar en sus escritos que la alerta enviada a las 20:11 minutos no solo fue "tardía", sino que contenía un mensaje erróneo.
