El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado un paso adelante, y ha enviado a los medios de comunicación un comunicado tras hacerse pública la exposición razonada enviada por el Tribunal Superior de Madrid al Tribunal Supremo, en el que solicitan que se investigue por un presunto delito de revelación de secretos la participación de Ortiz en una nota de prensa enviada por el Ministerio Público para desmentir los bulos del entorno de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con respecto a los supuestos delitos fiscales cometidos por su novio, el empresario Alberto Gómez Amador.
Dice Ortiz que, a la vista de la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y en coherencia con sus manifestaciones anteriores, "asume la responsabilidad última de la publicación de la nota de prensa que desmentía informaciones falsas en relación con un investigado por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental. La exposición razonada es coherente con la falta de competencia del TSJM para investigar al fiscal general del Estado o para revelar sus correos o comunicaciones en el seno de la Fiscalía".
García Ortiz asegura que el hecho de que se haya elevado esa exposición razonada "no ha de impedir ni alterar el normal funcionamiento de la institución ni, por supuesto, el trabajo ordinario del fiscal general". Asimismo, reitera que la nota se emitió "para poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario fiscal y para cumplir con la obligación de la Fiscalía de ofrecer información veraz a la ciudadanía".
"El deber de informar a la opinión pública de sus propias actuaciones es un mandato legal que la Fiscalía ha cumplido en el pasado y seguirá haciendo en el futuro. La difusión del contenido de querellas, denuncias, escritos de acusación o informes relevantes para la opinión pública elaborados por el Ministerio Fiscal es, ha sido y seguirá siendo parte del trabajo habitual de sus oficinas de prensa y portavoces", asevera Ortiz en su comunicado a los periodistas.
García Ortiz recuerda también que la citada nota de prensa "no añade nada que no se hubiera publicado previamente en diversos medios, en algunos casos citando fuentes cercanas a la persona investigada y en otros divulgando el contenido literal de las comunicaciones". En relación con la fiscal jefa Provincial de Madrid, el fiscal general "muestra su extrañeza porque, en todo caso, ninguna responsabilidad puede tener quien cumple escrupulosamente con sus funciones estatutarias y ejerce con profesionalidad y lealtad la jefatura".
En un escrito remitido el pasado 10 de junio al TSJM, el fiscal general aseguraba que cuestionar la actuación de los fiscales encargados de la persecución de acciones criminales o a su jefatura provincial o autonómica “por el mero hecho de desarrollar su función constitucional y legal, cuando no existe indicio alguno respecto a su participación en la filtración de una denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental ni en la difusión de los correos electrónicos intercambiados con la defensa del presunto defraudador, es algo que como Fiscal General del Estado —cúspide de un órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, que tiene como misión la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público (art. 124.1 CE)— no puedo consentir ni tolerar”.
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