El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recusado a los cuatro magistrados de la Sala de Lo Contencioso- Administrativo que deben estudiar el recurso presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de renovar a Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado, y decidir si prosigue o no en el cargo. Se da la circunstancia de que estos cuatro jueces son, además, los mismos que tumbaron los dos nombramientos que otorgó Ortiz a la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal Togada primero, y como fiscal de Memoria Democrática, después. Unas resoluciones en las que llegaron a afirmar que Ortiz había actuado con "desviación de poder".

Por todo lo anterior, y tal y como ha adelantado El Independiente, el actual fiscal general del Estado ha presentado esta martes un incidente de recusación para apartar a estos cuatro magistrados y que sean otros los que finalmente decidan sobre su futuro. Ortiz no ha recusado a la quinta magistrada que conforma la sala ya que ésta no firmó ninguna de las dos resoluciones contra los nombramientos de Dolores Delgado.

En cuanto a los tiempos, primero deberán ser los propios magistrados los que decidan si se apartan de la causa por voluntad propia. En caso de no hacerlo, la Ley Orgánica del Poder Judicial dice en su artículo 227, que será entonces la conocida como sala 61 la que deberá dar respuesta a la petición del fiscal general del Estado. Esta es una 'sala especial' compuesta por 15 magistrados: el presidente interino del Tribunal Supremo, y los cinco magistrados más antiguo y más recientesw de cada una de dichas salas.

El recurso

El periplo judicial de Álvaro García Ortiz comenzó cuando el Gobierno de Pedro Sánchez renovó al fiscal general del Estado. Desde la APIF se interpuso un recurso el pasado mes de febrero en el que afirmaban que García Ortiz: "No es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España", por sus actuaciones al frente del Ministerio Público desde que fuera elegido.

Esta misma asociación también afirmó que, una vez renovado, el FGE había "privado" al Consejo Fiscal de la posibilidad de redactar el informe que desde el Senado se había solicitado al Consejo sobre la futura ley de amnistía que prevé aprobar el Gobierno, y recordó que el Consejo General del Poder Judicial se mostró contrario a la renovación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado.

Por último, desde la APIF también dijeron que, uno de los requisitos fundamentales para ser fiscal general del Estado que viene recogido en el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, es que el candidato debe ser un jurista de reconocido prestigio, hecho que "si bien habría podido concurrir" en el caso de García Ortiz, "decae desde el mismo momentos que ha sido condenado por el Tribunal Supremo, como autoridad que actúa con desviación de poder, utilizando sus potestades con finalidad distinta de la establecida por el ordenamiento"