El acuerdo logrado entre PP y PSOE para nombrar los integrantes del Consejo General del Poder Judicial debe ser valorado positivamente por el mero hecho de que deja de existir una anomalía institucional, como dice con frecuencia modulada el ministro Bolaños. No es cosa de discutir esas formas educadas de un miembro del Ejecutivo, que son las propias, pero algunos queremos recordar que era un bochornoso episodio de gamberrismo institucional protagonizado, por el PP, y con diversas argumentaciones, a lo largo de cinco años. El acuerdo contiene normas sobre incompatibilidades y mayorías cualificadas que se deben ver con buenos ojos, aunque no convendría olvidar que las mayorías cualificadas, y a la vista del mismo episodio de la renovación resplandece, el Diablo del partidismo las carga. Pero no anunciemos ruina, sobre todo si el indecoroso episodio ha movido conciencias, requisito que con la buena fe recíproca es indispensable para que las reformas sean eficaces.

Ahora estamos en la plena” batalla sobre el relato”, es decir, quien ha doblegado a quien con el acuerdo. La cuestión va más allá del marketing electoral, entre otras cosas porque no parece que vaya a haber elecciones en bastante tiempo. La frase de González Pons de que hemos alcanzado todos nuestros objetivos, con alguna resonancia a un parte histórico de guerra, es falsa. Tengamos en cuenta que la última de sus razones esgrimidas para el bloqueo, después de otras anteriores, alguna pintoresca, era que no se podía renovar el Consejo si no se cambiaba previamente el modo de elegir los vocales de procedencia judicial, garantizando su elección directa por los jueces mismos, que es justamente lo que no ha sucedido. Es más, cuando se lee la Disposición Adicional Tercera de la Ley, se ve que ello está lejos de ser otra cosa que el contenido genérico recomendado de una propuesta del nuevo Consejo, analizando la formula de órganos de gobierno judicial europeos análogos, y siguiendo los mejores estándares, ello dentro de seis meses y sin perjuicio de la tramitación en las Cortes Generales. Cuán largo y cuan incierto me lo fiais.  Claro, antes que reconocer la notoria presión que ejerce sobre el PP la Asociación Profesional de la Magistratura, que veía con terror el ultimátum, cualquier cosa. Pero el resumen es que el PP no ha conseguido ninguno de sus grandes objetivos.

La incertidumbre resultante  es una incertidumbre cualificada, no solo  la ya importante de quedar remitida la cuestión a una legislación futura, sino porque la elección directa de los jueces por los jueces es una opción ideológica de carácter corporativo, opción propia de una derecha sin una gran fe democrática, e incompatible con el dicho constitucional de la que la justicia emana del pueblo y los jueces son administradores, no titulares originarios,  del poder judicial, y por ello están sometidos a la ley. No es una cuestión de fórmula técnica, sino netamente ideológica, y la solución corporativa ha sido rechazada al momento siguiente de la firma por el PSOE.

Y la enésima baladronada, “no hubiéramos firmado sin la Unión Europea como garante“. ¿De verdad creen que la Unión directamente va a corregir o impedir un acto legislativo de un Estado miembro? En la Unión tienen claro que para eso están los Tribunales, los europeos y los españoles. Y es que en la Unión se cree de verdad en la separación de poderes, y convendría que el PP, aparte de invocarla como latiguillo, tambien creyera.

Quedan mas incertidumbres, y entre las mas señaladas, el desempeño de la Comisión de Calificación, que por lo pronto necesita reglas de funcionamiento interno y baremos claros y objetivos. Esperaremos.

Dice Feijoo que hoy el Poder judicial es mas independiente que ayer.  Para que no duelan prendas, tiene razón; ahora parece algo más difícil que su partido lo colonice, como viene haciendo desde hace veinte años.

Bien, hemos salido de una situación aberrante, pero es obligado no olvidar la generalizada quiebra de la Justicia como servicio público. ¿Alguien va a planteárselo, o ahora que los gañanes se han puesto de acuerdo en el gobierno del hato, las ovejas justiciables van a seguir moribundas?

 Angel López es militante del PSOE y Profesor Emérito de Derecho Civil, y fue redactor del Estatuto de Andalucía y Presidente de su Parlament