Tras el amago de dimisión del Presidente del Gobierno, comprensible y respetable desde el punto de vista personal, pero cuyo sentido y alcance político están aún por dilucidar, todos parecen coincidir en que vendrán grandemente determinados por la adopción de medidas frente al problema de la necesaria reforma de la Justicia. Me gustaría advertir que, en mi opinión, es de todo punto necesario, hilar delgado en la identificación de su objeto, del que han de derivar necesariamente el tipo y extensión losde remedios, el tiempo para articularlos, y la forma de hacerlos efectivos.
Aunque pueda parecer extraño, y lo parece porque la derecha este obstinada en mantener un ambiente apocalíptico, porque supone—el tiempo lo dirá—que favorece a sus intereses electorales, el inaudito acto de gamberrismo constitucional de la no renovación de del CGPJ, ni la ley de amnistía, sobre todo desde el notorio bofetón al Presidente del Senado de la Comisión de Venecia (del que, oh milagro, la prensa de derechas o ultraderecha ya no habla, entre otra cosas porque desmonta que vulnere la separación de poderes) ni siquiera el auto del Juez de Madrid, cargado de intención política, porque son episodios todos ellos corregibles y no estructurales. La cuestión no es constitucional, sino el de la implantación de necesarias modificaciones, al alcance de la ley, y se refieren a cuestiones orgánicas y procesales, y de dotación de medios. No se trata de reformular la esencia constitucional del Poder judicial, ni de la separación de poderes, como se ne nos quiere hacer ver tirando por elevación.
Los problemas, los graves problemas, de antiguo denunciados, tienen que ver más con la calidad del servicio público de la Justicia.
En este entendimiento, van las siguientes sugerencias, que desde luego no son exhaustivas.
Primera. Tenemos un grave problema con la selección y formación de los jueces, a los que ponemos al frente de graves responsabilidades un año después de vomitar untemario. Otrora el problema era menor, porque los jueces hacían un auténtico recorrido de aprendizaje, antes de llegar a tener que tomar graves decisiones; los tribunales de apelación funcionaban de forma verdaderamente colegiada; la sociedad era menos compleja; y, añado jueces, para los forofos de las oposiciones, desde el número de temas, al rigor de los tribunales, era mucho más difícil ganar una plaza. Si añadimos los perversos mecanismos de disciplinarios conectados con el número de resoluciones, solo debemos un resultado aceptable al denodado esfuerzo y sacrificio de la inmensa mayor parte de los jueces, de lo que hay que levantar inmediata y agradecida acta. Por eso, se debe propiciar un cambio del mecanismo de selección de los jueces y fiscales, por un sistema de concurso, en el que sean determinantes los años y la calidad y tipo de la experiencia profesional. Así entraría en los Juzgados y Tribunales la voz de la experiencia jurídico-social, no la de unos conocimientos teóricos y una praxis endógena y cerrada en sí misma En las comisiones habría siempre mayoría y Presidencia de jueces y fiscales, elegidos por sorteo, según la instancia y jurisdicción. Los designados serán, por supuesto, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la Ley
Segunda. Supresión de todo mecanismo discrecional de ascensos dentro de la carrera, quedando confiados los mismos a comisiones idénticas a las señaladas, a las que se dotaría de un baremo aprobado por ley que exija mayoría absoluta del Congreso.
Tercera. Instauración de una verdadera justicia de proximidad en todas las poblaciones de más de cinco mil habitantes, o agrupaciones de municipios limítrofes que los alcance. Su jurisdicción, ceñida a asuntos menores, por cuantía y complejidad, se extenderá a todos los órdenes, con excepción del militar. Deberíase explorar que esta función jurisdiccional se encomendara a funcionarios con título de Graduado en Derecho, que no fueran jueces de carrera, dotándoseles de una formación al efecto. Su Estatuto sería, una vez incorporados, idéntico al de los Jueces y Magistrados
Cuarta. Reforma del proceso penal, confiando la instrucción al Ministerio Fiscal, y al Juez las garantías del imputado. Debería ir acompañada por un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal, reforzando su autonomía.
Quinta. Reforma del proceso penal, delimitando rigurosamente el ejercicio de la acusación particular y la acción popular.
Sexta. Establecer la responsabilidad de los jueces cuando haya resolución firme que declare manifiestamente infundadas las emitida por aquellos, suprimiendo el antejuicio, siendo sustituido por un jurado popular.
Séptima. Supresión de la Audiencia Nacional, tribunal contrario al principio del juez natural, cuya justificación como jurisdicción centralizada de excepción ha desaparecido. Debería ir acompañada de la creación de juzgados ad hoc para el terrorismo y el narcotráfico en la sede de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal de Justicia de cada Comunidad, que serán instancia de apelación en la materia.
Octava. Adoptar las medidas procesales para que sea efectivamente tomada la resolución de manera colegiada, donde el Tribunal no sea unipersonal.
Novena. Reformar los recursos de casación para que sus trámites de admisión no supongan, como están siendo, auténticas denegaciones de Justicia
Ni que decir tiene que, sin una importante inversión en medios personales y materiales, poca mejoría se alcanzaría. Para la modernización de la Administración de Justicia es preciso un importante esfuerzo inversor, que debería traducirse en un plan plurianual de inversiones destinado a incrementar el número de jueces, equiparándolo a la media europea, a la profunda rehabilitación y nueva construcción de edificios judiciales; a la dotación de los medios técnicos necesarios para poder desempeñar su función jurisdiccional usando las nuevas tecnologías,
Estas serían medidas para políticos que piensen no en las siguientes elecciones, sino en las siguientes generaciones. Articularlas políticamente es el gran reto de Pedro Sánchez, sin hacerse ilusiones---aunque debe intentarlo—del apoyo de la turba violenta y grosera, y de gran déficit democrático, en que se ha convertido, para desdicha de todos, la derecha española
Ángel López es militante del PSOE y Profesor Emérito de Derecho Civil y fue redactor del Estatuto de Andalucía y Presidente de su Parlamento
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