El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha enviado este martes al Congreso de los Diputados y al Senado una propuesta para renovar dicho órgano. En concreto, ha sugerido un plan para modificar el sistema de nombramientos de las cúpulas judiciales con el que, además, se puedan evitar futuros bloqueos, como el actual, que lleva estancado desde el año 2018 a cuenta de la negativa del Partido Popular. 

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Propuesta de renovación del CGPJ

Lo ha hecho a través de una carta dirigidas a las presidencias de cada Cámara "a título personal" y que "no representa la opinión del órgano de gobierno de los jueces". A lo largo de 17 páginas, Guilarte explica que su pretensión es "diluir de una vez por todas la injerencia de otros poderes sobre su actuar, necesariamente independiente". A su juicio, el hecho de que sean los vocales electos en el CGPJ quienes decidan quién se pone al frente de los tribunales supone un entrometimiento de la política en dicha elección.

"La inutilidad de la ejemplar dimisión del presidente Carlos Lesmes y, sobre todo, el evidente fracaso de la iniciativa propiciada por la Ley Orgánica 4/2021, que ha sumido en una situación dramática, entre otras consecuencias, a las Salas del Tribunal Supremo, debieran mover a la autocrítica a quienes la pergeñaron en lugar de propagar la oportunidad de conductas ajenas con las que enmascarar su inacción", asegura el presidente en referencia a la ley que impide a este órgano en funciones hacer nombramientos de altos cargos judiciales.

Así, plantea dos fórmulas: dar continuidad a la elección parlamentaria de los vocales si los nombrados son ajenos "a toda contaminación política previa" o que el nombramiento de los vocales judiciales quede en manos de los propios jueces pero con la misma prevención. Así lo hace a lo largo de su Propuesta para la modificación del sistema de nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados del Tribunal Supremo y de elección de vocales del CGPJ.

Para ello ofrece una "fórmula intermedia" que permita superar la división entre el modelo parlamentario o corporativo de elección de los vocales de la institución. "El CGPJ se reservaría la competencia para convocar y organizar el proceso electoral y garantizar su correcto funcionamiento, así como acordar el nombramiento y ratificación del candidato propuesto tras la previa comprobación de integrar las exigencias reglamentarias", señala en el texto el presidente, que ha anunciado su dimisión para verano.

En su propuesta, señala que la actual situación política y social "se califica, con razón, de polarizada" y da lugar a que el sistema previsto de negociación entre el PSOE y el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, "de llegar a culminar, determinaría una composición del CGPJ fiel reflejo de las mayorías parlamentarias que irradiaría de futuro, con gravísimas consecuencias para la independencia judicial, la politización de todos los cargos judiciales nombrados".

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La "relativa aleatoriedad" en los nombramientos

En cuanto a la elección de otros magistrados, como los del Tribunal Supremo, Guilarte apuesta por que se forme una comisión compuesta por vocales, magistrados del alto tribunal o un "especialista en la materia con nivel de cualificación similar a la de los magistrados del Supremo" y potenciar así el mérito y la capacidad en la composición del órgano que escribe la jurisprudencia en España.

"Frente a la relativa aleatoriedad en el nombramiento de magistrados del TS, efectuados por vocales que, a menudo, en función del orden jurisdiccional al que se han dedicado preferentemente, carecen de específica cualificación en las disciplinas que les resultan ajenas, es imprescindible objetivar los nombramientos de la cúpula jurisdiccional, lo cual exige que sea una comisión especializada la que valore el mérito y la capacidad de los aspirantes", justifica.

Así, su idea se basa en "dar más protagonismo a la carrera judicial" a los expertos ajenos a ella en los nombramientos judiciales discrecionales. Y es que, a su juicio, esto es constitucionalmente posible dado que el artículo 122.2 de la Norma Fundamental remite a una ley orgánica el ejercicio de la competencia del CGPJ en materia de nombramientos.

"Es por otro lado evidente que, constituido el CGPJ bajo tales condicionantes, sería difícil que los vocales designados pudieran apartarse en su actuación de la línea política que los designó. También lo es que, si bien en épocas y Consejos anteriores el sistema funcionó sin excesivas distorsiones, las circunstancias actuales, entre ellas una fortísima presión mediática igualmente polarizada, llevan a concluir la inviabilidad de que siga siendo así", critica.

De esta forma, para Guilarte, que no se decanta abiertamente por una u otra fórmula, cualquiera de las opciones propuestas "debiera determinar, respecto de la elección de los vocales judiciales, una representación proporcionalmente similar entre los vocales propiciados por las asociaciones judiciales y los que provengan de jueces sin asociar". Todo ello, con el objetivo principal de "mitigar las nocivas consecuencias actuales".

 

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