La Asociación de Periodistas de Investigación (API) ha mostrado su apoyo a los profesionales de la prensa a los que Alberto Gómez Amador ha solicitado al Tribunal Supremo que se investiguen sus comunicaciones, recordando, además, que el secreto profesional está amparado por la Constitución española. Este es uno de los artículos más leídos esta semana en ElPlural.com.

Alberto González Amador pasa a la ofensiva y, a través de su defensa, ha solicitado al Tribunal Supremo que se registren e investiguen las comunicaciones móviles de periodistas de ElPlural.com y de otros medios de comunicación como eldiario.es o la Cadena SER por desmontar el bulo que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, difundió a través de espacios conservadores como El Mundo, afirmando que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador. Ante estas informaciones, la Asociación de Periodistas de Investigación (API) ha mostrado públicamente su apoyo a los periodistas de la lista que ha facilitado la pareja de la presidenta madrileña. 

El defraudador confeso ha iniciado así una persecución inédita a los periodistas que desvelaron sus delitos de fraude fiscal y falsedad documental. Lo ha hecho a través de un escrito al juez, en el que solicita que la Guardia Civil requiera a las operadoras telefónicas para que los periodistas de su lista negra no borren las conversaciones que mantuvieron en los últimos 10 meses

Ofensiva contra la prensa

Además, González Amador tambiémn solicita que se intercepten las comunicaciones de Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado; al ex secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés; la ex jefa de Gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera; la exdirectora de Comunicación de Vivienda, Laura Sánchez Espada; además de Ion Antolín, ex director de Comunicación del PSOE. 

Ante esta ofensiva del defraudador confeso ha salido al paso la Asociación de Periodistas de Investigación (API), que ha mostrado su apoyo a los periodistas de ElPlural.com, la Cadena SER y eldiario.es, después de que González Amador haya solicitado una investigación exhaustiva de sus comunicaciones móviles. 

La pareja de Isabel Díaz Ayuso también ha requerido al juez que ordene a las compañías telefónicas conservar todos los registros de llamadas telefónicas, conexiones digitales y ubicaciones de los periodistas en un mismo periodo de tiempo (los últimos 10 meses). Frente a ello, la API ha recordado a través de su perfil oficial en X -antes Twitter- que "el secreto profesional de los periodistas está amparado en la Constitución Española". "Todo nuestro apoyo", concluía el mensaje. 

La noche de autos

La investigación se enmarca en una querella presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La querella se basa en una presunta filtración de correos electrónicos a la prensa la noche del 13 de marzo, horas antes de que la Fiscalía publicara una nota de prensa sobre el caso.

El comunicado, difundido a las 10:20 del 14 de marzo, se refería a un intercambio de correos entre González Amador y su defensa. Según la Fiscalía, la nota buscaba desmontar un "bulo" publicado la noche anterior en El Mundo, donde se afirmaba que fue el fiscal quien ofreció un pacto a González Amador, cuando, según la Fiscalía, ocurrió lo contrario.

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