Las denuncias de violencia de género en mujeres inmigrantes han decaído entre un 16% y un 19% desde el año 2012. Este descenso coincide en el tiempo y en el espacio con la reforma sanitaria que el Partido Popular implantó en ese mismo año, según recoge El Periódico.
La ley aprobada por los conservadores dejaba a los inmigrantes irregulares en las afueras de la cobertura sanitaria pública. Esta pérdida de la salud universal provocó que gran parte de este colectivo dejara de visitar los centros de atención primaria. En los ambulatorios, los médicos de familia tienen un papel protagonista en el momento de detectar posibles signos de violencia machista. Además, las ayudan a acudir a las comisarías para denunciar.
El Partido Popular pretendía “garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de la Salud”, con la aprobación de este real decreto. Esta ley estuvo vigente hasta el pasado mes de julio, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó otro Real Decreto para devolver esta universalidad a toda la ciudadanía, sin ninguna excepción.
Judit Vall, profesora de la Universitat de Barcelona y coautora del estudio ‘Golpea donde más duele: acceso a la salud y violencia de género’, destaca que “la reforma sanitaria del 2012 hizo descender las probabilidades de que las mujeres inmigrantes denunciasen a su agresor”. En esta investigación se analiza cómo estas limitaciones mermaron las estadísticas sobre denuncias por violencia machista entre las inmigrantes.
Los médicos, vitales
Entre uno de los motivos por los que las mujeres inmigrantes temían denunciar, se encuentra el “miedo a ser deportada”. La otra razón fundamental tiene al médico de cabecera como protagonista, pues desvelan que es uno de los factores vitales para “convencerlas de que denuncien”.
Vall atestigua que la importancia del médico de familia “es muy alta” en el momento de detectar signos de violencia machista. “Una parte muy grande de las denuncias vienen motivadas por una visita al médico”, concluye ya que este puede o bien derivar el caso a servicios sociales, o bien animarlas a denunciar.
Este motivo es el que hace crucial que las mujeres inmigrantes tengan acceso a la Seguridad Social sin restricciones, pues es la única manera de “empoderarlas” y animarlas a denunciar a su agresor. Este estudio acredita que las denuncias entre las mujeres inmigrantes cayeron “en todas las regiones de España”, a excepción de Cataluña que creó su propia ley para driblar la reforma conservadora.
La investigadora concluye que el decreto del PP hacía hincapié en “situaciones especiales” en las que embarazadas, víctimas de trata o refugiados podrían acceder a la sanidad pública pese a su situación irregular. “Hay evidencias de personas que no tenían que perder el acceso al sistema de salud, pero lo perdieron debido a la confusión de esta ley”, añade Vall.
Este estudio revela que la reducción a la atención médica lleva a las mujeres inmigrantes maltratadas a no buscar ayuda. “En muchos países ha habido un aumento de la afluencia de inmigrantes indocumentados”, señala Judit Vall que añade que esto “ha empujado a muchos políticos a limitar el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos”. Por tanto, aumenta las posibilidades de que las mujeres no presenten demanda contra su agresor.
