España se acerca a los 30.000 fallecidos por la pandemia, de los cuales un gran porcentaje ha abandonado por el camino viviendas vacías, a la espera de que alguien las reclame, pero, dado que el árbol genealógico se extiende más de la cuenta, muchos no saben que han heredado tales inmuebles. El 85% de los herederos se presentan como parentesco desconocido: se suelen dar casos en los que no son padres o hijos, sino primos o tíos terceros.
En España, siguiendo los datos de defunciones por coronavirus, se estima que hay 5.000 herencias abandonadas, valoradas en 3.000 millones de euros a la espera de encontrar a sus nuevos propietarios. Sumando a su vez los 3.000 inmuebles que cada año se quedan en el limbo por los fallecimientos sin filiación, este 2020 se quedaría con una cifra aproximada a las 8.000 herencias vacías.
El Grupo Hereda es una empresa especializada en derecho sucesorio, genealogístas en toda regla, que investigan y buscan sin descanso a los herederos que adquieren los bienes de sus familiares. Su labor, ahora que el punto álgido de la pandemia quedó atrás, está siendo primordial a la hora de ponerle nombre y apellidos a esos patrimonios desconocidos. Pero no se remiten únicamente a telefonear un par de veces a los destinatarios, los óbstáculos que ha ido dejando el virus, tanto a nivel social como económico, están dejando aún más estragos para lograr su cometido.
"Buscaherederos" en acción
Alrededor de todo el país se pueden encontrar dichas viviendas vacías, pero el principal escenario se lo lleva la capital madrileña, el antiguo epicentro del virus allá por marzo y abril, ya sea en plena Plaza Mayor o en el extrarradio de la ciudad. Las investigaciones siguen abiertas y quedan muchos inmuebles por descubrir. En la misma línea, la "España despoblada" también es un territorio incierto que viene acompañado de esta situación: en las zonas más rurales del país el virus también ha aterrizado con fuerza, y estos "buscaherederos" se han encontrado con fincas y casas rústicas de los que sus propietarios también tienen a su nombre otras propiedades en zonas más pobladas.
Asimismo, el "terror" que han provocado estos últimos meses los okupas se ha incrementado, por lo general, en los barrios más pudientes de las ciudades, ya fuera porque los residentes se encontraban en otro domicilio o por este mismo problema. Los abogados de esta organización se encargan de mediar con los "invasores" para llegar a un acuerdo y, aunque el proceso judicial es lento y tedioso, cuando por fin la casa queda liberada, la función sigue siendo la misma: buscar a los herederos, alertar sobre las circunstancias, tramitar el proceso y entregar la herencia a los nuevos propietarios.
Pero esta no es una tarea focalizada solo en España, sino que cruza fronteras y, aunque la mayoría de los herederos se encuentren en el territorio nacional, seguirles la pista puede llevar a contactar con otros países europeos e incluso latinoamericanos, dado que, por norma general, los que consiguen estas herencias suelen pertenecer a la familia lejana del fallecido con una probabilidad muy alta de ni siquiera conocerse entre ellos. Además, cabe destacar a los más de 300 fallecidos españoles por coronavirus en el extranjero que han dejado su rastro con una propiedad o que podrían ser propietarios de una. El Grupo Hereda tiene establecidos varios convenios internacionales con otras empresas especializadas en derecho sucesorio, el Grupo Hereda trabaja actualmente con Holanda, Francia y Alemania, colaborando mano a mano localizando los herederos aquí o allí.
Los términos económicos
Dada la entrada a la nueva crisis económica que asoma por el horizonte, España ha tenido que vaciarse los bolsillos para prestar toda la ayuda necesaria a la ciudadanía, en forma de ERTES o con el Ingreso Mínimo Vital. El desconocimiento de mucha gente, ya que la situación no lo requiere hasta que uno se encuentra dentro de ella: "Nos encargamos de asesorarlos y guiarlos durante el proceso, asegurándoles de que no se tienen que preocupar por las deudas: siempre se pueden buscar soluciones", asegura la propia asesoría.
Este problema no solo afecta al fallecido y a sus allegados, sino que deja un rastro económico a su paso. Ya que no es un caso aislado, las administraciones públicas y las entidades de tutela a cargo de las defunciones se ven afectadas por esto en forma de deudas, por el exceso de estos últimos meses y por el alto coste que se necesitan para cubrir gastos, algunos herederos localizados se echan atrás en el proceso, dejando que la propiedad se la lleve el Estado.
En segundo lugar, las Comunidades Autónomas también están en el punto de mira al tener que hacerse cargo de los Impuestos de Sucesiones, que por ésta causa estiman perder 1.000 millones de euros, sumando por consiguiente el desconocimiento del fallecido sin filiación, lo que generará a las autonomías un coste de 600 millones de euros por la no reclamación de los herederos en el tiempo legal estimado (6 meses) ante una posible cancelación del próximo propietario y la facilitación de las administraciones encargadas de, en ese caso, destinar el inmueble al Estado.
