Una estrategia de desglose de pagos para evitar controles de Inspección es lo que ha llevado a cabo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con la construcción millonaria de un centro de Formación Profesional en la localidad de Alcalá de Henares.
Entre los meses de febrero y agosto de 2022 fue el periodo en el que la Escuela de Arte de Alcalá, conocida como Escuela de Arte Alberto Corazón, se construyó en la sexta planta del IES Antonio Machado, el más grande de la Comunidad de Madrid, con más de 3.000 alumnos. El importe llegaba a 1,2 millones de euros por lo que precisaba de los correspondientes controles de Intervención, la inspección económica de la región.
Sin embargo, con el fin de no pasar por ello, el procedimiento a seguir fue adjudicar a una única empresa la obra y desglosar el importe total en 20 facturas fraccionadas de hasta 50.000 euros, el máximo que se puede pagar en una obra pública para que se considere contrato menor y por tanto no requiera sacar el proyecto a concurso.
Según una información a la que ha podido tener acceso elDiario.es, en un correo electrónico fechado de 30 de marzo de 2023, el director del Instituto que ha albergado este centro de Formación Profesional, Javier Martínez, se dirige al empresario para solicitarle este despiece de facturas con el importe que restaba por pagar: “De los poco más de 100.000 euros que quedan por pagar, por favor, haz facturas de hasta 50.000 euros al IES Antonio Machado y el resto de la Escuela de Artes”. De todas ellas, pagadas entre el Instituto, la Escuela de Arte y el Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares, ninguna sobrepasa los 48.400 euros.
Otro proyecto, mismo modus operandi
Sin embargo, pese a que ahora mismo el caso se encuentra bajo la investigación de la Fiscalía, hay todavía muchas cuestiones que los actores implicados tanto en la construcción del centro como en el fraccionamiento de las facturas no han hecho amago de resolver. Tanto en este caso como en otro anterior, de 2021, en el que también se decidió repartir el importe total en diferentes facturas. Fue el caso de la construcción de una casa-hospital en el complejo de Ciudad Escuela, al norte de Madrid. El proyecto suponía un importe de 2 millones y medio de euros y pretendía constituirse como un centro para realizar prácticas de Formación Profesional. Siguiendo el mismo patrón que en el caso de Alcalá de Henares, se optó por el contrato menor fraccionando de nuevo las facturas en menos de 40.000 euros más IVA, por lo que, de esta manera, se evitaban sacar la obra a concurso y someterse a los controles económicos y financieros.
En ninguno de los dos casos, se han aportado datos que permitan esclarecer diferentes cuestiones que ahora mismo quedan en el aire. Por una parte, el origen del dinero con el que se pagaron estas facturas de sendas obras millonarias. Respecto al caso de Ciudad Escolar, podría proceder de ingresos extraordinarios que reciben los centros de FP, fondos extras repartidos por las direcciones de área territorial de Madrid (DAT) o fondos europeos. Sin embargo, la Consejería de Educación se ha mantenido al margen sobre el primer caso. Respecto al de Alcalá, tampoco ha proporcionado información sobre de dónde viene el dinero con el que se ha financiado la obra.
Otra de las cuestiones pendientes es quién ordenó ambos concursos menores y este procedimiento de obra. Con el silencio de Educación, lo único que se conoce era quién estaba al mando de educación en ese momento. Por una parte, la viceconsejera de Política Educativa era Rocío Albert López-Ibor, actual consejera de Economía de Ayuso. Por otra parte, el responsable de las obras de Educación era el viceconsejero de Organización Educativa Manuel Bautista, actual alcalde de Móstoles por el Partido Popular.
Mientras sigue su curso la investigación de la Fiscalía, también queda en incógnita el porqué de este sistema ilegal de construcción, cuyas facturas no figuran en el Portal de la Contratación de Madrid.
