La financiación de las comunidades autónomas es el principal conflicto en la actualidad política. La singularidad planteada para Cataluña, inmersa en pleno proceso de investidura, ha detonado un debate en el que muchas voces exaltadas han visto la oportunidad de desviar el foco de otras polémicas. La de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido una de las que más alto ha sonado. “Tremendo escándalo”, ha clamado, asegurando que su autonomía está “a la zaga del debate” porque prioriza la “unidad nacional por encima de todo lo demás”.
Por encima del nivel impositivo de los más ricos seguro. Lo cierto es que la lideresa del Partido Popular (PP) ya practica una singularidad tributaria en la región que dirige, puenteando la legislación nacional y exprimiendo sus competencias autonómicas hasta el punto de obligar a reaccionar al Gobierno central. Todo ello para bajar los impuestos al 0,2% más rico de madrileños y, ahora, también para perdonarle a 30.000 millonarios extranjeros hasta 60 millones de euros en impuestos. Un derroche de solidaridad de clase (la suya) envidiable.
Los extranjeros que quieran mudarse a la capital a vivir en lujosos áticos están de enhorabuena. La conocida como ley Mbappé, que descuenta del IRPF el 20% de las inversiones realizadas por ciudadanos que no hayan vivido en la Comunidad en los último cinco años, ha visto la luz. Esta medida se suma a la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, bonificado al 99% y por el que deja de recaudar 4.400 millones anuales; o del Impuesto Patrimonio, que pese solo se paga a partir del millón de euros (700.000 euros más vivienda habitual hasta los 300.000) Ayuso se lo perdona a más de 500 millonarios.
La de Madrid es quizá la mayor singularidad impositiva de España, no por su forma de recaudación, aspecto en el que solo País Vasco y Navarra tienen un cupo particular, sino por su total desprecio a la justicia social, la redistribución y la progresividad. En el territorio de la libertad, si eres pobre destinas una mayor parte de tus ingresos a pagar impuestos que si eres rico. Situación anómala a la que Ayuso ha arrastrado, desarrollando un dumping fiscal autonómico, a otros territorios gobernados por el PP, en solitario o con Vox, como Andalucía.
En los últimos 20 años, las arcas de la Comunidad de Madrid, según datos de la propia administración, han dejado de ingresar en torno a 11.000 millones de euros como consecuencia de su transformación en un resort de lujos para los más adinerados. Montante que instituciones como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) eleva por encima de los 4.000 millones anuales. Que simultáneamente la Comunidad sea de las que menos invierte en servicios públicos básicos (sanidad o educación) y estos estén cada vez más deteriorados es una mera casualidad.
Además, esta deriva que Madrid atraviesa desde hace décadas es más acuciantes desde que Ayuso pisó la Puerta del Sol. La baronesa del PP reclama igualdad entre territorios, pese a que el que ella encabeza, recibe una financiación estatal por habitante por encima de la media, al contrario que territorios como Castilla – La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana o Murcia. Si bien, junto con Cataluña y Baleares, aporta más al SFA de lo que percibe, desde la llegada de Sánchez (2018), la Comunidad ha recibido un 40% más de recursos (casi 30.000 millones), descontados los fondos relativos a la crisis pandémica, que durante los seis años anteriores de presidencia de Mariano Rajoy.
eÚltimo guiño a los ricos: ley Mbappé
El servicio más reciente que Ayuso ha prestado a las grandes fortunas ha llegado a la par que el debate sobre la financiación autonómica. Hace tan solo una semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid daba luz verde a su proyecto de ley Mbappé. La norma contempla una nueva deducción del IRPF, en su cuota autonómica, para aquellas fortunas cuya residencia no estuviese establecida en Madrid en los últimos cinco años y que quieran invertir en la CCAA.
La rebaja asciende hasta el 20% de la inversión en valores de renta fija o variable (acciones o aportaciones a sociedades, letras del tesoro, bonos, obligaciones, etc.) realizadas por contribuyentes no residentes que trasladen su residencia a la Comunidad de Madrid. Para beneficiarse de la rebaja, deberán mantener lo adquirido y su residencia fiscal en la autonomía durante un plazo de seis años. El propio Ejecutivo de Ayuso calcula que hasta 30.000 ricos podrían acogerse a esta bonificación y la administración dejaría de recaudar 60 millones de euros.
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