La Fiscalía de Tarragona ha solicitado cuatro de años de cárcel para Rosa Peral y tres años y medio para su padre, Francisco Peral, por un presunto delito de alzamiento de bienes. Según el ministerio fiscal, padre e hija actuaron de forma conjunta para ocultar patrimonio con el objetivo de alegar no tener dinero para evitar pagar la indemnización a la familia de Pedro Rodríguez, por cuyo mediático asesinato la que fuera guardia urbana cumple una condena de 25 años de prisión.
Alzamiento de bienes de Rosa y Francisco Peral
En concreto, los fiscales afirman que padre e hija cambiaron de nombre el 50% de una vivienda de Vilanova y la Geltrú, así como un coche y una moto propiedad de Rosa que se lo cedió gratuitamente a Francisco, todo con el objetivo de poder declararse insolvente. De estos hechos consideran a ella "autora" material mientras al padre le tildan de "cooperador necesario".
La Fiscalía reclama también para Rosa una multa de 7.200 euros -que supone diez euros al día durante 24 meses- con responsabilidad civil subsidiaria en caso de impago de un día de cárcel por cada dos cuotas diarias no satisfechas. En el caso de Francisco, la multa solicitada es de 10.800 euros -18 euros diarios por 20 meses- también con responsabilidad civil subsidiaria. Eso sí, también exige la nulidad del cambio de titularidad de la vivienda y de la moto para que vuelvan a propiedad de ella y asuma la indemnización a la familia de la víctima.
Actualmente Peral se encuentra cumpliendo desde hace seis años una condena de 25 años de cárcel por asesinar en mayo del año 2017, junto al que fuera agente del cuerpo municipal Albert López -condenado en su caso a 20 años-, a la expareja de ella, Pedro Rodríguez, en un triángulo amoroso. Este caso se conoce de forma popular como el crimen de la Guardia Urbana, del que se ha realizado una serie en Netflix.
Por este asesinato, Peral y López fueron condenados a indemnizar a la familia de la víctima con un montante total de 885.000 euros, de forma solidaria entre ambos. Hasta el 21 de febrero de este año 2024, Peral solo había abonado 1.655,92 euros de la responsabilidad civil fijada en la condena, mientras que Albert había pagado otros 1.675 euros. Una cantidad muy lejana a la multa absoluta.
Los cambios de titularidad
Según el relato del ministerio público, los cambios de titularidad se llevaron a cabo entre la primera sentencia de la Audiencia de Barcelona por el crimen y la resolución del Tribunal Supremo que la confirmaba. Entonces, el 2 de febrero de 2021, ambos hicieron un cambio de nombre sin pago económico de un coche Mitsubishi Colt tasado en 2.904 euros, hasta ese momento propiedad de Rosa.
Ese mismo día repitieron la operación con una moto Suzuki GSX R600, tasada en 3.332 euros. "Con esta actuación provocaron una disminución real de patrimonio que imposibilitó el pago de alguna cantidad a los familiares del fallecido", indica el fiscal. Más tarde, el 26 de septiembre de 2022, Francisco vendió el coche a una tercera persona. En el escrito también se relata que el 17 de junio Rosa entregó a su padre "la mitad indivisa" del inmueble de Vilanova y la Geltrú sin contraprestación económica.
"Esta donación simulada se realizó en el Centro Penitenciario Mas d'Enric", destacan en el escrito, en el que se recoge que el 50% del inmueble estaba tasado en unos 155.109 euros. A juicio de la Fiscalía, estos actos ocasionaron "un perjuicio económico efectivo" a la familia de Rodríguez mientras "los acusados sabían que para el pago de la cuota hipotecaria que pesaba sobre la vivienda no era necesario hacer la donación".
"Desde julio de 2021 los pagos del préstamo los realizaba Francisco mediante ingresos a la cuenta bancaria propiedad de Rosa Peral y de un tercero", apunta el fiscal en el documento, que van más allá. "Los acusados realizaron estos actos de disposición patrimonial de forma conjunta con el fin de eludir, dificultar e impedir la eficacia de los embargos y procedimientos ejecutivos derivados de la comisión del delito que ella había cometido", añaden.
Esta causa es resultado de una querella que ha presentado la familia de la víctima y por la que Rosa y Francisco declararon el 24 de enero de este año en el juzgado de instrucción 5 de Tarragona como investigados. Entonces, Peral justificó ante la juez el cambio de nombre de la casa porque no podía pagar la hipoteca de la misma. Con la demanda, la familia de Pedro Rodríguez aspiró a obtener cerca de 50.000 euros, que es la mitad del valor de la parte del inmueble que tenía Peral, mientras la otra mitad se encuentra hipotecada.
