Las primeras dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus se comenzaron a distribuir el pasado 27 de diciembre en las residencias de ancianos, los mayores focos de contagio durante la pandemia. El inicio de la vacunación en las residencias fue acogido por los familiares de los ancianos y los sindicatos como una gran noticia, con esperanza e ilusión, pero, tres semanas después, denuncian las medidas que se están volviendo a tomar en estos centros, las mismas que en los meses más duros de la pandemia, para contrarrestar los nuevos contagios.

Miguel Vázquez, presidente de la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (PLADIGMARE), había asegurado a este medio que el comienzo de la vacunación en las residencias venía a “poner sensatez al abandono y la discriminación que sufrieron las personas mayores”. Sin embargo, la entidad se ha visto obligada a denunciar recientemente que se vuelvan a multiplicar los brotes y se vuelven a tomar medidas que consideran equivocadas.

“No podemos entender que las recetas para preservar su salud y su vida vuelvan las mismas medidas: reducir las visitas de familiares y las salidas”, señalan en un comunicado. Por esta cuestión se han dirigido a la Consejería de Políticas Sociales y a la de Sanidad de la Comunidad de Madrid para pedirles que, en contra de las restricciones que han planteado, se establezca a un familiar de referencia dentro del plan de cribado semanal para el personal o que vacunen a este familiar con ellos en esta primera fase para que pueda visitar al anciano más asiduamente.

Desde PLADIGMARE consideran que esta opción es una alternativa ideal para evitar el detrimento de la salud psíquica y emocional al que han tenido que hacer frente los residentes, por estar largos periodos de tiempo sin la visita de alguien cercano. También señalan que la depresión, la falta de atención y la soledad a la que se somete a los residentes tienen un gran impacto negativo en su salud.

No obstante, desde la plataforma presidida por Miguel Vázquez hacen referencia a que de los 3.300 millones de euros que la Comunidad de Madrid ha recibido del fondo Covid-19 solamente se destina el 0,5% para las residencias. A pesar de ello, reclaman que se habiliten las partidas presupuestarias que sean necesarias para dotar del personal preciso a las residencias de financiación pública para que no sufran la calidad de vida, salud física y emocional de los residentes.

Miguel Vázquez ha puesto el foco en varias ocasiones sobre los aspectos en los que hay que trabajar en las residencias para sufragar sus deficiencias: “Habrá que revisar las ratios, formar a los trabajadores en pandemias, establecer cauces de participación para los familiares, mejorar la atención y, desde luego, replantearse el tema de la desproporción entre lo público y lo privado para favorecer y fomentar lo público”. Todo ello porque considera que “no se puede hacer un negocio a costa de los mayores”.