El Juzgado de Instrucción número 5 de Leganés, al sur de Madrid, ha admitido una querella por homicidio presentada por familiares de ancianos, que reclaman saber cuáles fueron los criterios que se tuvieron en cuenta para trasladar a usuarios de residencias de mayores a los hospitales durante la primera ola de la pandemia de Covid-19.
En una providencia fechada el viernes pasado, que adelanta Voz Pópuli, la jueza Mónica Boticario pide una serie de documentación a la residencia Vitalia de Leganés, una de las que registró más muertes en la Comunidad de Madrid.
La jueza pide el protocolo de la Comunidad de Madrid
La jueza pide a los directivos de la residencia que "aporten los protocolos de actuación remitidos por la Comunidad de Madrid durante los meses en que se produjeron los hechos y, en particular, los criterios de derivación de los residentes a centros hospitalarios”. En su escrito, Boticario recuerda que ya ha solicitado la documentación en dos ocasiones anteriores y "no se ha dado cumplimiento".
La residencia tampoco ha remitido información sobre "cuáles eran los medios de protección individual y personal de los que disponían en esas fechas, así como las medidas de seguridad adoptadas”, así como la "historia de dichos residentes y las decisiones que se adoptaron respecto a cada uno de los perjudicados en particular”.
Rechazó investigar el caso en septiembre
En septiembre pasado, el mismo Juzgado rechazó investigar estos mismos hechos al entender entonces que la querella se basaba en conjeturas y que la falta de material y medios no era achacable a la Comunidad de Madrid, sino “una carencia estatal”.
La Audiencia Provincial admitió la querella
Las familias recurrieron la decisión de la jueza y la Audiencia Provincial de Madrid optó por intervenir, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La Audiencia Provincial entiende que aunque el Juzgado no es competente para investigar a consejeros autonómicos o a la presidenta madrileña, sí lo es para el caso de los directores de las residencias, por lo que instó al Juzgado a seguir investigando hasta que su competencia obligue a remitir un suplicatorio a la Asamblea de Madrid.
Los consejeros de la Comunidad pueden ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid mientras que Díaz Ayuso solo puede ser investigada por el Tribunal Supremo, según indica el Estatuto de Autonomía de la Región.
11 familias firman la querella
La querella, que está firmada por 11 familias de ancianos, algunos de ellos fallecidos, apunta al homicidio imprudente, lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro y trato degradante hacia los mayores.
En la querella presentada en mayo pasado, se acusaba al Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso de una “inadecuada aplicación de protocolos, de un actuar tardío e insuficiente y de decisiones equivocadas que provocaron el fallecimiento de miles de residentes de geriátricos”. En los momentos más críticos de la primera ola, la Comunidad de Madrid elaboró un protocolo en el que se establecía discriminar a los ancianos.
