Las residencias de mayores, concretamente las de la Comunidad de Madrid, fueron uno de los enclaves más azotados por al pandemia de coronavirus. El virus se propagó con celeridad y causó estragos ante la inacción del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Según un informe elaborado por el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid a partir de información oficial remitida por el Ejecutivo regional, los centros de mayores tan solo lograron derivar a unos 900 ancianos durante las semana más duras de la pandemia (entre el 18 de marzo y el 5 de abril).

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, reconoció en rueda de prensa que desde el 8 de marzo hasta el 7 de abril hubo un total de 4.750 fallecidos en sus residencias por coronavirus, 781 positivos y 3.479 con sintomatología compatible pero aún no confirmados.

Estos son los datos oficiosos. Sin embargo, la diputada socialista Purificación Causapíe ha denunciado que el informe evidencia que “la dimensión de la tragedia ha sido mayor a la reconocida por el Gobierno” de Ayuso. “Han dado datos de fallecidos en residencias en torno a 6.000. Pero de esta información se desprende que han habido fallecidos de personas de residencias en hospitales. La suma sería de más de 11.300”, ha apuntado en declaraciones a ElPlural.com.

La conclusión que extrae Causapié del informe es que “la incidencia ha sido mayor de lo que se está reconociendo” y, para colmo, “se sigue sin aclarar los datos”.

La diputada madrileña critica que “lo importante son las derivaciones que no se han hecho”. “Los datos muestran que en el momento más duro, cuando estaban contagiando, enfermando y no se les atendía, tampoco se les derivó a los hospitales”, ha subrayado.

Causapié ha recordado que “había protocolos” de la Comunidad de Madrid pidiendo a los centros de mayores que no derivaran a contagiados a los hospitales. En este sentido, ha reconocido que se reservan acciones para el futuro: “Estamos trabajando en la comisión de investigación. Iremos viendo”.

El asunto adquiere un cariz aún más grave cuando, además de cercenar la derivación hospitalaria, se incumplió la promesa de medicalizar residencias para tratar a los mayores. “El problema es que ni se medicalizaron residencias ni se derivaron a los hospitales. Supuso el abandono de los mayores. Dejaron a 52.000 personas sin ningún tipo de atención”, lamenta Causapié; quien además, recuerda que “lo único que se puso en marcha durante esos días es lo que se llamó la Operación Bicho para que se hiciera algo, para que se atendiera a las residencias”.

El de dicha iniciativa fue que se situó como responsable de la misma a Encarnación Burgueño, hija de un exasesor de Ayuso. “No tenía capacidad y es un encargo a dedo”, ha valorado Causapíe a este periódico. “El gobierno priorizó el negocio de algunas a la atención sanitaria”, ha sentenciado.

Por último, la diputada socialista ha afeado que “con la no atención de personas mayores ni en residencias ni en hospitales se vulneró el derecho a la Sanidad de los mayores y también su derecho a morir dignamente, puesto que, según señalan los datos y también personas que conocieron la situación, muchas personas murieron con sufrimiento y sin la atención adecuada”.