España es el país del mundo desarrollado con una educación concertada más elitista, tal y como recoge el último informe PISA, desgranado por Save the Children. Los datos dejan en evidencia al Estado español, que presenta la mayor diferencia socioeconómica entre los alumnos de la concertada y la pública, muy favorable para los primeros, entre todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La situación es más sonrojante atendiendo a la comparativa con nuestro vecino de península, Portugal, único país en el que los alumnos de la pública tienen un mejor perfil socioeconómico.
Partiendo de la media de la OCDE, a la que se le establece un valor numérico de 0, España es la que presenta la mayor desigualdad con un 0,48 favorable a la concertada. En segunda posición aparece Estonia, con un 0,42, y para completar el pódium Chile, con un 0,36. En el lado opuesto de la tabla, Portugal presenta un -0,29. La información recogida y traslada a gráficos por el Orden Mundial deja en evidencia el gran abismo español, cuya razón principal es el cobro obligado de cuotas en la concertada, práctica ilegal.
La gran mayoría de colegios concertados incumplen la ley: no pueden cobrar
La educación concertada debería ser gratuita para sus usuarios. Esta afirmación no es una opinión, sino un mandato legal que está recogido en la ley educativa (LOMLOE), que en su artículo 88 establece que “en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito”. Sin embargo, la amplia mayoría de centros de esta naturaleza no comunican esto a las familias, que abonan elevadas cuotas bajo la creencia de que la concertada requiere un pago asociado a los servicios educativos de los menores.
Nada más lejos de la realidad, dado que la norma, en el mismo articulado, establece la prohibición de “imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos”. Todo ello “para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos”. No obstante, y pese a que las administraciones públicas son conocedoras de que este mandato no se cumple, los centros siguen haciendo dinero por partida doble: pública y privada.
La única aportación privada que, sobre el papel, pueden percibir los colegios concertados es voluntaria, pero los centros vulneran la ley al no trasladar a las familias que los pagos no son obligatorios. Ocho de cada diez colegios concertados (79,4%) cobra una cuota base a las familias y en siete de cada diez (72%) pagan dicho coste sin voluntad, que en el 68,6% de los centros ni siquiera es mencionada a los usuarios. Es más, en casos de impago se expulsa al 14% de las familias, porcentaje que se eleva hasta el 31% en la Comunidad de Madrid.
Los datos del estudio realizado por la Asociación de Colegios Privados e Independientes – Círculo de Calidad Educativa (CICAE) revelan la mala praxis generalizada de los centros de educación concertada y la pasividad de los gestores públicos ante esta situación. La directora del organismo, Elena Cid, asegura las argumentaciones de los centros para justificar el pago “ponen de manifiesto la presión que sufren las familias en algunos colegios con el pago de cuotas base como contraprestación a la enseñanza”. “El estudio refleja falta de transparencia y el complicado acceso a la información”, añade.
Estos datos se complementan con los dados por el Centro de Políticas Económicas (EsadeEcPol), que apunta que entre un 81% y un 95% de los alumnos de la concertada pagan una cuota media que oscila entre los 680 euros y los 860 euros al año, dependiendo de la etapa educativa. Unos precios no al alcance de todo el mundo y que abren la brecha nacional al acudir hasta un 30% del alumnado a centros de privadas financiados con fondos públicos. Elitismo que, según el think tank, abunda en mayor medida en Madrid, País Vasco y Cataluña.
Con todo, el debate eterno sobre la educación concertada suma más argumentos. De un lado, el posicionamiento contrario a este tipo de modelo, que está financiado por fondos públicos y a la vez cobra cuotas sin decir en la gran mayoría de los casos que es voluntario, presiona para la eliminación de la concertada. Del otro, un sector defiende su existencia y financiación apoyándose en la libertad educativa, recogida en el artículo 27 de la Constitución, en la que no se recoge nada referido a que, en virtud de esta libertad, se pueda incumplir la ley educativa para obtener más dinero.
