El Caso Corinna sigue generando dudas alrededor de la figura de Juan Carlos I y las finanzas del que fuera Jefe de Estado. El bufete de abogados que defiende al monarca de las acusaciones de acoso, hostigamiento y vigilancia contra la empresaria alemana ha emitido una factura de un millón de euros por una solo visita, según ha desvelado El Confidencial.
El mismo diario señala que dicha cantidad no incluye el resto de la labor que está realizando el despacho, mientras que ni el emérito ni Zarzuela aclaran de dónde sale la cantidad de medio millón a la que tiene que hacer frente la parte denunciada.
Crónica de una defensa ‘a la desesperada’
El Caso Corinna también ha pasado por varias fases desde el lado de la defensa del antiguo rey desde que el escándalo saltara a la palestra. Así las cosas, en primera instancia Juan Carlos I se apoyó en el despacho Clifford Chance, siguiendo de este modo la recomendación de su letrado en España.
Todo cambió en el verano del año pasado, cuando la Justicia británica rechazó concederle la inmunidad completa. En aras de conseguir este último objetivo, el padre de Felipe VI se puso en manos del bufete Carter-Ruck, decisión en la que tuvo mucho que ver el traficante de armas Abdul Rahman el Assir. El despacho que pasó a hacerse cargo de la defensa del emérito no es tan caro como el que hasta entonces llevaba el caso del anterior rey, pero sí que tiene fama de ser uno de los grandes expertos en derecho internacional.
Con esta pretexto resulta más fácil de entender que fuera bajo el trabajo de Carter-Ruck cuando el monarca logra su primera gran victoria judicial en el Caso Corinna: conseguir la inviolabilidad absoluta hasta junio de 2014, fecha en la que dejó de ser rey de España. En consecuencia, se tendrá que sentar en el banquillo por los episodios acontecidos hacia la que fuera su expareja sentimental entre este año y 2020; no para rendir cuenta de lo anterior a esa fecha.
Precio desorbitado para la defensa
El coste de la defensa de Juan Carlos I resulta a todas luces desorbitado, y es que solo el precio de la asistencia durante la vista de apelación del mes de noviembre costó 879.522 libras esterlinas. Es decir, más de un millón de euros al cambio.
Además, la tarifa incluye únicamente los servicios del bufete en esa audiencia, no el resto de servicios. Corinna Larsen deberá pagar asimismo la mitad de la cuantía al haber perdido esa parte de la apelación, siguiendo así con lo estimado en la jurisprudencia de Reino Unido.
La factura emitida por el bufete que se encarga de la defensa de Juan Carlos I evidencia que el emérito sigue disfrutando de recursos desconocidos para la Agencia Tributaria Española. Lo que sí se sabe es que el padre de Felipe VI no recibe ninguna asignación de los presupuestos generales del Estado desde 2020, pero el precio que le reclama la defensa supera el salario que le habría correspondido en tres ejercicios cuando todavía estaba en nómina de la Casa Real.
Cabe recordar que a finales de ese año y principios del curso siguiente, el anterior Jefe de Estado recurrió a la ayuda de amigos y empresarios para afrontar las dos regularizaciones voluntarias de cinco millones de euros por las donaciones de su amigo, el banquero Allen Sanginés-Krausse, y los vuelos opacos de Álvaro Orleans.
Apenas unos días más tarde de que se conociera que la intención del rey pasa por trasladar su vivienda fiscal a Abu Dabi y después de que las investigaciones que rodean a la figura del monarca quedaran fuera del alcance de las fiscalías española y suiza, lo que queda patente es que el antiguo monarca sigue disponiendo de solvencia, aunque se desconoce el destino de la misma.
