Ejercer una influencia directa en las decisiones públicas requiere un modelo político que no dé la espalda a una democracia participativa. Es decir, no sólo votar en unos u otros comicios o garantizar teóricamente los derechos humanos, sino atenuar o eliminar las desigualdades y las injusticias.

En este sentido, la socialdemocracia es quien debe llevar a efecto una regulación estatal para el logro de esos intereses. Desterrar los abusos o las arbitrariedades y prevenir la corrupción en aras del orden público y de un crecimiento sostenible. Que la cosa no adquiera el carácter de una democracia autoritaria. Hoy, más que nunca, reluce esta última condición.

Por eso las personas normales, no las violentas ni las intrusas, del 15-M, hartas de los mercados y de ser mercancía en manos de políticos y banqueros, exigen “Democracia real”. Aspiran a un presente y un futuro mejores basados en la igualdad, el progreso, la solidaridad, el respeto ecológico, el desarrollo y el bienestar, en suma.

Unos derechos elementales que no haría falta reivindicar. Ahora, eso sí, se convierten en algo utópico. La vivienda, la cultura, la salud, la educación, la participación política o la libertad de cada sujeto deben ser incuestionables en cualquier ocasión.

El sistema no atiende a estas cuestiones y es un obstáculo, como señala el manifiesto de los “indignados”. Los grandes poderes económicos dictan y empujan a la escasez a la mayoría. Ésta es el motor del mundo y contribuye al enriquecimiento ajeno, por lo que se impone, según afirman, una “revolución ética” ante este paisaje político, económico y social.

La corrupción política, de banqueros y empresarios campea frente a la indefensión de los ciudadanos. Así que el 15-M sigue en pie e invita a que el movimiento no se detenga pese a las dificultades para modificar el férreo panorama.

La derecha extrema ofende. Y el filósofo Fernando Savater no se queda atrás llamando “atajo de mastuerzos” a los integrantes de esta movida, que son muchos más de los que la componen en las calles. No desprecian la democracia, señora Aguirre y señores del PP. Sólo defienden una que sea más real. ¡Ya! Y no es cuestión de que funden un partido. Se trata de reclamar lo que es perfectamente exigible.

Por cierto, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, entiende que el camino para recuperar a antiguos votantes socialistas pasa “por una modernización de la izquierda con instrumentos nuevos”. Luchar por salir de la crisis desde una “apuesta progresista”. Bienvenidas sean estas tesis siempre que no caigan en un espejismo.

Sin embargo, las decisiones “rápidas” en aspectos laborales, financieros y fiscales que pide al Ejecutivo el presidente del BBVA, Francisco González, circulan por otras vías. Al universo de las finanzas lo que le interesa es el modelo de negocio, la rentabilidad económica de los más fuertes por encima de los seres humanos y del bienestar general. Así son ciertas normas establecidas. Incompatibles con una democracia real.

Marc Llorente es periodista y crítico de espectáculos