Si las luchas internas en Sumar son crudas, en la derecha no son para menos. La investidura de Pedro Sánchez ha encendido los resortes del Partido Popular y Vox contra los términos de los acuerdos que ha alcanzado el ya presidente del Gobierno con el resto de fuerzas parlamentarias, especialmente la ley de amnistía. Una norma que ha sido el pegamento para la conformación del nuevo Ejecutivo y la mecha para los de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Sin embargo, también le ha valido a los de extrema derecha para marcar posición con respecto a la derecha tradicional, a la que pretende forzar durante toda la legislatura en asuntos que tengan que ver con la unidad de España, la oposición a la futura coalición y los símbolos nacionales. Así, los de ultraderecha van a forzar a los populares a pronunciarse en el Senado sobre la ilegalización de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, una ofensiva contra los aliados nacionalistas de Sánchez pero también contra su socio en decenas de Administraciones regionales y locales.

Vox quiere ilegalizar ERC y Junts

En pleno debate sobre la candidatura de Sánchez, Vox ha registrado en el Senado una moción en la que defiende "ilegalizar" a Junts y a ERC "por entender que en su actividad han vulnerado los principios democráticos al haber incurrido de forma grave en algunos de los supuestos contemplados en el artículo 9 de la Ley de Partidos". El artículo recoge que un partido puede ser declarado ilegal "cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o eliminar el sistema democrático".

Todo mediante conductas "realizadas de forma reiterada y grave", como "vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales" o "complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública". Comportamientos de los que acusan a los amnistiados por la polémica ley de amnistía ya registrada en el Congreso a cuenta de los CDR y Tsunami Democràtic por el 1 de octubre.

Así, los de extrema derecha aseguran en su escrito que la iniciativa responde a "los constantes intentos" por parte de Junts y ERC de "alterar la paz pública, la convivencia y de terminar con la democracia" y justifican que "no se puede consentir que existan partidos políticos que sirvan de amparo e impulso a terroristas, que les den apoyo, siquiera tácito, o complementen su actividad política".

Abascal presiona a Feijóo en el Senado

De hecho, afirman que los de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras han "destruido la orden constitucional" y "apoyan al terrorismo" así como de haber "vulnerado los principios democráticos" por haber incurrido "de manera grave" en un apoyo "político exprés al terrorismo". Para apuntalar este argumento, los ultras apelan en el documento a que hay "un clamor en la calle que exige que los representantes públicos actúen en consecuencia y que, ante el ataque al Estado de Derecho que se está perpetrando por parte del PSOE, Junts y ERC, se dé una respuesta acorde a la legalidad".

Estas afirmaciones, sostienen los senadores ultras, responde a una ley de amnistía que el PSOE ha presentado "con el único objetivo de ceder ante el chantaje de los separatistas para perpetuar en el poder a Pedro Sánchez", sin embargo es una medida desesperada para poner palos en las ruedas tanto al Gobierno como al Partido Popular. Vox no tienen grupo parlamentario propio en el Senado -se encuentran dentro del grupo mixto-, por lo que necesitan más aún la mayoría absoluta de los populares para sacar adelante esta moción.

Pero este movimiento supone una forma de presionar a los de Feijóo, a quien pide así posicionarse sobre esta ilegalización de "los enemigos de España". "La defensa de España, de los españoles y del sistema democrático exigen dar un paso adelante cuando estos bienes tan preciados son atacados", argumentan. De hecho, Abascal ya apeló directamente al dirigente popular durante su discurso en la investidura de Sánchez solicitándole que apoyara esta iniciativa, ante la mirada impertérrita de la bancada de la oposición.

El Congreso debatirá la prohibición de los catalanes

Esta performance parlamentaria se ha producido después de otros dos ataques ultras: la querella presentada en el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Puigdemont, el PSOE y Junts y que el Congreso de los Diputados diera luz verde a que la proposición de ley para ilegalizar a los nacionalistas catalanes siguiera con su trámite, por lo que se va a debatir. El partido de extrema derecha también pidió sin éxito "medidas cautelarísimas urgentes" para paralizar la investidura. 

En la reunión de este martes, la Mesa de la Cámara Baja ha decidido calificar -tecnicismo que hace referencia a admitir a trámite una propuesta- la proposición de Ley Orgánica para Garantizar la Unidad de España de los ultras pese a la posición ideológica en contra de Sumar. El secretario primero y diputado, Gerardo Pisarello, la ha considerado inconstitucional y ha confiado en que sea rechazada pero ha defendido su tramitación porque "así lo proponían los tratados" y bajo el precepto de que "hay que priorizar el derecho de los parlamentarios a poder discutirla".