El Supremo desestima la medida cautelar de Vox que pedía paralizar el pleno de investidura

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha desestimado la medida cautelar pedida por el partido de ultraderecha Vox en la querella que ha presentado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra Carles Puigdemont, “al no existir elementos que justifiquen la procedencia de suspensión del acto parlamentario dirigido a la investidura del presidente del Gobierno”.

En una providencia dictada este miércoles, la Sala tiene por recibida la querella y designa ponente para conocer de la causa, conforme al turno previamente establecido, al magistrado Eduardo de Porres. Asimismo, da un plazo de cinco días a Vox para que aporte poder especial donde conste contra quien va dirigida la querella y el delito. El tribunal se pronunciará en su momento sobre la admisión o no a trámite de la querella.

La querella

En la querella de Vox, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, los ultraderechistas afirman que la presentan porque Sánchez es "un presidente del Gobierno en funciones y secretario general de un partido político que acepta, a cambio del voto a favor en su investidura de un determinado partido político, realizar por sí, y/o a través de su partido político, y/o del gobierno una vez investido con el voto de ese partido político, una serie de actos que atentan directa y definitivamente con la máxima gravedad la cláusula del Estado de Derecho (art. 2 Tratado de la Unión Europea) y los valores superiores de nuestro Ordenamiento Jurídico consagrados en el artículo 1 de la Constitución de 1978".

Y que lo anterior pone "fin a la separación de poderes y usurpando la función constitucional de Jueces y Tribunales de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, mediante una ley de amnistía, inconstitucional, que discute por entero la legitimidad de nuestro orden jurídico, del ordenamiento penal y administrativo y del Poder Judicial, finiquitando la igualdad ante la Ley de los españoles y la prohibición constitucional de la discriminación por razón de la condición ideológica o partidista, legitimando la comisión masiva de delitos contra el orden constitucional, las instituciones democráticas, las resoluciones judiciales, la autoridad judicial y policial, la debida gestión de los caudales públicos y la vida e integridad física y moral de los españoles, violentando los principios de seguridad jurídica, legalidad, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (9.3 CE), y el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley recogidos en el art. 24 CE y la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la UE así como el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos.

Aseveran desde el partido de Abascal que se está cometiendo un delito de cohecho, de forma flagrante y pública y merece el inmediato "reproche penal del Poder Judicial a través del órgano judicial competente, que el Tribunal Supremo". Añaden qie, por los mismos motivos, el Poder Judicial, en el ejercicio de su alta función democrática y constitucional, en garantía de su existencia misma, del principio de legalidad y de los derechos y libertades de los españoles, "está autorizado y dispone de los mecanismos procesales oportunos para adoptar las medidas oportunas a fin de evitar la completa ejecución de los delitos objeto de la querella, en salvaguarda última de la democracia y de la cláusula de Estado de Derecho; suspendiendo el acto de investidura a fin de que el delito de cohecho no se perfeccione y complete permitiendo al sujeto activo la obtención del favor objeto del cohecho".

Según Vox, si el Supremo no actua, se producirá "un autogolpe al Estado y a las instituciones y desde las instituciones; con apariencia fraudulenta de democracia; un cambio de régimen desde las instituciones, que motiva la querella y la solicitud de medidas cautelares urgentes para detener lo que una vez aprobada la investidura será irreversible".