No hay tiempo para lamerse las heridas. La falta de apoyos para la Ley del Suelo obligaba al Gobierno a retirar el proyecto este jueves. Sumar y el resto de aliados de la investidura rechazaron la iniciativa que nació al calor de la división en el Consejo de Ministros. Tampoco el PP salvó de la quema al Ejecutivo, que ahora centra el tiro en la problemática de los pisos turísticos. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, capitaneará este viernes un cónclave con las comunidades autónomas para abordar esta cuestión.

Se trata de la primera conferencia sectorial enfocada a la controversia de los pisos turísticos, según proyectan fuentes del departamento que dirige Isabel Rodríguez. La exportavoz del Gobierno ya abrió la puerta a la limitación de los alojamientos turísticos en zonas tensionadas, respetando al máximo las competencias autonómicas. Recientemente, la ministra del ramo anunció su intención de reunirse con los ejecutivos regionales, junto al responsable de Industria y Turismo, Jordi Hereu. El objetivo no es sino abordar una problemática que está tensionando el mercado residencial y, por tanto, el acceso a la vivienda.

Rodríguez insistió en que no quiere traspasar la barrera competencial de las comunidades autónomas, pero subrayó que se trata de un asunto de su “incumbencia” porque pone en aprietos al “mercado” y ahoga el “derecho de acceso a la vivienda”. Así se pronunció en una reciente entrevista, donde manifestó su rechazo a que el centro de una gran ciudad como Madrid se convierta en un parque temático.

El objetivo de la cartera de Vivienda pasa por regular los alojamientos turísticos en función de la diversidad territorial para actuar “con bisturí”. En el Ejecutivo están pendientes de los pronunciamientos de Europa al respecto, habida cuenta de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya advirtió de la urgencia que desprende esta cuestión y abrió la puerta a la intervención del mercado.

Vivienda admite que el auge del alquiler vacacional y de temporada está estrangulando la oferta de uso residencial en grandes ciudades y áreas puramente turísticas. El Banco de España ha pedido públicamente que se descarte la aplicación de limitaciones sin contemplar sus posibles efectos sobre la actividad económica. El organismo cifra en 600.000 el déficit de nueva vivienda hasta el año 2027, en función de la demanda que se espera.

En paralelo, Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística) alerta también sobre el crecimiento desbocado de las viviendas turísticas en el comienzo del ejercicio, con un incremento de 60.000 plazas (25,2%) en las 25 principales ciudades. Números que se multiplican hasta alcanzar las 285.266. La organización empresarial coloca a Madrid y Barcelona a la cabeza, con 59.111 (29,8%) y 41.681 (11,8%) respectivamente. Sólo Málaga está por delante, con 32.468 (29,9%). El sector hotelero, por su parte, también ha reclamado una ley estatal que regule el crecimiento de los alojamientos turísticos.

Cónclave al rojo vivo

La sectorial se enmarca en un contexto poco favorable para el Gobierno, máxime tras verse obligados a retirar la Ley del Suelo ante la falta de apoyos. El socio mayoritario de la coalición se quedó sólo, ahogado entre las críticas de sus aliados parlamentarios y de un Partido Popular que tenía en su mano la supervivencia del texto. Finalmente, los conservadores, que han guardado su voto bajo el más grueso de los silencios, se descabalgaron para que el Ejecutivo se cobrase su segunda derrota parlamentaria en la misma semana que arranca la campaña de las elecciones europeas.

Pero más allá de las clásicas tiranteces entre Gobierno y socios o, en su defecto, con la oposición, Vivienda afronta un cónclave que estará profundamente marcado por la pinza de PSC y Junts para tumbar el decreto ley que regula los alquileres de temporada. El Govern aprobó el texto a dos días del inicio de la campaña electoral para el 12M, a expensas de su aprobación definitiva en sesión de la Diputación Permanente del Parlament. La intención del Ejecutivo catalán era que el articulado pusiera coto a la permuta desbocada de viviendas de alquiler convencional a uso vacacional, lo que a la postre ofrece menos garantías al inquilino y permite eludir la limitación de precios.

Los neoconvergentes han votado contra la regulación, aunque admiten que es necesario legislar para acotar esta modalidad de alquiler. No obstante, justifican su oposición asegurando que “no había que hacerlo así”. Al menos no para “conseguir votos o generar falsas expectativas” ni tampoco con “normativas que vayan a ser impugnadas por los tribunales”. La incógnita, sin embargo, residía en el PSC, que finalmente se abstenido. Los republicanos han afeado la posición de los socialistas, lamentando que la “sociovergencia” impida los avances en la autonomía.

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