Todos los intentos de presión del Congreso a Ferrovial ante su posible fuga de España

Ferrovial decide este jueves en una expectante reunión de la Junta de Accionistas si finalmente va a ejecutar su salida de España para trasladar su sede a Países Bajos, tal y como anunció a finales del mes de febrero. Una resolución que se espera con ansias en el seno de la compañía liderada por Rafael del Pino pero también a nivel político debido a las consecuencias económicas y estratégicas que puede acarrear esta fuga, motivada especialmente por una búsqueda de mayores beneficios fiscales. Y es en este punto donde -desde el mismo momento en el que salió a la luz esta intención- los estratos de la Administración han puesto el foco tanto en el Gobierno como en el Congreso de los Diputados, donde la coalición y los grupos parlamentarios aliados han intensificado la presión hacia la multinacional con el ojo puesto en los términos de la salida y en la devolución de las ayudas públicas que ha estado obteniendo durante años. En medio del culebrón empresarial, los socios han puesto encima de la mesa iniciativas de control y vigilancia a la que es una empresa estratégica bajo la premisa de una necesaria "justicia social".

Presiones desde el Ejecutivo

Tan solo unos días después de conocer la pretensión de Ferrovial de emigrar su sede a Holanda comenzaron a moverse los terrenos políticos, empezando por el Gobierno, que desde el primer momento ha estado en constante comunicación con la empresa -con avisos mediante-. Ya a comienzos de marzo advirtió de que iba a acentuar los controles revisando "la letra pequeña" de su mudanza en pro de "preservar los intereses" de España. De esta forma se manifestó entonces la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, quien aseguró que la compañía "nunca tuvo razones para marcharse". Con todo, sí adelantó que el Consejo de ministros no iba a poner en marcha ninguna "decisión proactiva" para frenar esta actuación por "respeto" a un grupo privado. Y es que cualquier otra actuación directa desde la Administración central podría suponer una injerencia. Pero, al mismo tiempo, la titular confirmó que Moncloa estaba contemplando la posibilidad de requerir un "plus patriótico" a la multinacional española debido a la suma de ayudas públicas de la que ha sido beneficiaria en los últimos años.

"Con independencia de las razones que haya podido expresar su consejo de administración, nosotros haremos valer los intereses de España con esta empresa y con cualquier otra que tenga una actitud en este sentido", sostuvo entonces la ministra en la que supuso la primera manifestación oficial del Ejecutivo al respecto de esta presunta salida, que este jueves puede dar un paso más a través de la decisión de los accionistas. Sin embargo, cabe destacar que -con independencia de la resolución interna- este culebrón puede no acabar esta semana a la luz del conocido como derecho de separación, una compensación económica que Ferrovial tiene contemplado otorgar a todos aquellos miembros que voten en contra de la fusión y que, además, deseen vender sus participaciones para desvincularse de la compañía si finalmente se van de nuestro país. Así, los intentos de seducir a la compañía por parte de la coalición han sido incesantes con el objetivo evitar su marcha.

El Ministerio de Asuntos Económicos que lidera Nadia Calviño ha jugado todas las cartas posibles para retener a Ferrovial: desde una propuesta oficial de doble cotización hasta una carta recordando a la familia Del Pino que no hay "obstáculos ni indicios" para cotizar en Wall Street desde Madrid. Dos iniciativas que han sido desoídas por la multinacional, que ha seguido recorriendo su camino de salida a pesar de que todo su argumentario ha sido desmentido por las distintas instituciones económicas, políticas y la propia realidad, empezando por la justificación de una falta de "seguridad jurídica" en terreno español. Ahora, uno de los últimos órdagos ha venido de la mano de Hacienda en términos de fiscalidad, y es que el equipo de Montero ha sacado su as de la manga recordando que cualquier entidad tiene que hacer frente al pago de unos elevados costes por una operación de esta índole -como es la fusión con su filial holandesa-, impuestos que se pueden deducir si la acción responde a "motivos económicos". Una causa que, según Moncloa, Ferrovial no tiene, por lo que le ha advertido de las consecuencias de no probar este móvil.

Propuestas de control de los socios

Estas acciones por parte del Ejecutivo han sido lideradas fundamentalmente por Economía, a las que en los últimos días se ha sumado la Agencia Tributaria en una maniobra conjunta para acorralar in extremis y al máximo a Ferrovial. Pero no han sido los únicos que han incrementado las presiones a la entidad. También desde el Congreso de los diputados las formaciones alidas han tomado partido de esta lucha encarnecida con sendas propuestas. Uno de los más contundentes ha sido Unidas Podemos, que ha pedido que la compañía devuelva las ayudas públicas que ha recibido incluso con retroactividad. "Ferrovial es una empresa que ha recibido un montón de subvenciones con dinero público, y por eso vamos a proponer que cuando una empresa haga lo mismo tenga que devolver las ayudas y subvenciones públicas que ha recibido en los últimos diez años", ha sostenido su portavoz, Pablo Echenique, tras registrar una Proposición de Ley que obligue a la compañía a reponer los subsidios estatales.

No han sido pocas las veces en las que los morados han alertado -y así lo recogieron en el articulado de esta PL- que la deslocalización a países que permiten un mayor beneficio fiscal supone una "amenaza" para el tejido industrial de nuestro país. Ante esto, los socios minoritarios han defendido la necesidad de "fortalecer la responsabilidad del Estado como emprendedor y vertebrador" de la actividad económica, así como "garantizar la continuidad" y "permanencia" de aquellas entidades que reciban subvenciones públicas. Para ello plantearon una modificación de la legislación que regula las ayudas para incluir esta práctica como un aliciente para poder reclamar la devolución del total en los diez años posteriores a la adjudicación de una concesión. Una iniciativa que, finalmente, ha quedado en nada y que se ha solapado con las acusaciones por parte de la ministra de Asuntos Sociales y dirigente del partido, Ione Belarra, contra los Del Pino, a los que ha tachado de "piratas".

Más éxito ha tenido la propuesta liderada por EH Bildu, que ha pedido "impedir la deslocalización de empresas que hayan obtenido financiación pública, recuperar los fondos públicos otorgados y mantener el empleo" tras el movimiento de la multinacional española. En su texto, la formación vasca apostó por que la obtención de fondos tenga que estar condicionada a la imposibilidad de deslocalizar tanto la actividad como la sede social o fiscal durante al menos los cinco años posteriores a la última financiación pública. También establecer una norma para que, en caso de producirse, las empresas tengan que devolver la cantidad de los últimos diez años mientras se "protege y asegura" los puestos de trabajo en el caso de que se produzca la salida. Finalmente, el partido ha logrado firmar hace solo unas semanas un acuerdo con PSOE y Unidas Podemos para que en la próxima Ley de Industria se establezcan las condiciones para recuperar las ayudas públicas y mantener los empleos en sucesos futuros.

Por su parte, desde Más Madrid optaron por instar a Hacienda a investigar solicitudes de fusiones multinacionales con especial hincapié en los requisitos para cambiar de residencia. En una petición firmada por Íñigo Errejón y presentada a la Cámara baja, el grupo parlamentario ha animado a regular que las empresas tengan que devolver todas sus ganancias si se demuestra el incumplimiento. "En el caso de que no cumpla con los requisitos del régimen especial de fusiones, adquisiciones y canjes, para cuyo caso debe demostrar los motivos económicos válidos y no fiscales de la operación, debería tributar en España por las plusvalías de la operación y los beneficios que se deriven del movimiento de los activos desde España a Holanda", reza en el documento. Asimismo, la organización ha registrado otra iniciativa para impulsar la armonización fiscal europea durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que comienza en julio, con el objetivo de revisar la fiscalidad de Irlanda, Malta, Luxemburgo y Holanda para que dejen de actuar como "paraísos ocultos" en la UE.