El próximo lunes arranca en el Congreso de los Diputados el maratoniano debate de los Presupuestos Generales del Estado 2023 que concluirá con la votación del jueves 24 de noviembre, día en que se celebrará otro pleno inmediatamente después para abordar la reforma del delito de sedición y el impuesto a la banca y energéticas, entre otras cuestiones. Moncloa quiere evitar sobresaltos de última hora y en los últimos días ha anunciado, a cuentagotas, acuerdos bilaterales con sus socios par allanar el camino y decantar a sus bancadas hacia el ‘sí’. Fuentes del PSOE consultadas por ElPlural.com dan por hecho que el hemiciclo dará luz verde, no obstante, aún no atesora el apoyo definitivo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu y PNV, que harán pública su decisión la semana que viene.
El proyecto de PGE 2023 ha concluido su andadura en la Comisión de Presupuestos este jueves y las sensaciones de PSOE y Unidas Podemos son muy positivas. Durante las votaciones mantuvieron el apoyo del PNV y Coalición Canaria (Grupo Mixto), y lograron sumar también a ERC, que les ayudó a aprobar todos los títulos y secciones de la ley. Eso sí, en la votación del informe final de ponencia se han abstenido, alegando que si bien es cierto que se han ido “cerrando cosas” a lo largo de la semana, el sentido de su voto aún no es definitivo.
Los mimbres son buenos. El Gobierno aceleró la reforma del delito de sedición al abrigo de una ambiciosa revisión del Código Penal que salpica a otros delitos tales como la ocultación de cadáver o el fraude y el blanqueo para homologarlo al entorno europeo. ERC siempre ha sostenido que serían exigentes con las cuentas en lo relativo a lo social, pero también se deslizó que su voto quedaba supeditado a la desjudicialización del conflicto, por lo que celebraron la iniciativa de la coalición. “La eliminación de la sedición es un gran paso adelante, un paso imprescindible en la dirección de acabar con la represión política por el conflicto entre el estado español y Catalunya”, señalaron fuentes.
Logrado tamaño hito, Esquerra se aventuró a reclamar también la reforma del delito de malversación durante el trámite parlamentario. El ala socialista del Ejecutivo no lo descartó y varios grupos del Congreso se han mostrado proclives a ello. Unidas Podemos aboga por diferenciar los casos de lucro personal, mientras Más País exige que se ha de ser quirúrgico para no afectar a la lucha contra la corrupción.
Engrasando el flanco vasco
El Gobierno ha cerrado esta semana dos importantes acuerdos con Bildu y PNV respectivamente. Al margen de los Presupuestos, el Ejecutivo ha acordado con la izquierda abertzale que las haciendas forales de Euskadi y Navarra gestionen los nuevos impuestos a las entidades financieras y las grandes energéticas. La asunción de competencias no se podrá demorar más de tres meses. Además, a finales de 2024, Moncloa se ha comprometido evaluará la aplicación del gravamen y estudiará que sea permanente. El diputado Oskar Matute (EH Bildu), explicó en rueda de prensa que el acuerdo facilita el entendimiento de cara a las conversaciones parlamentarias, pero en ningún caso tiene garantizados los cinco votos de su grupo.
El PNV ha censurado que PSOE y Bildu les hayan dejado al margen en esta negociación. La portavoz económica de los jeltzales, Idoia Sagastizabal, ha recurrido a la ironía para afearles la maniobra: “El PNV se felicita, por tanto, porque Bildu se sume, 41 años después, a la defensa del Concierto Económico y lamenta que, por una petición expresa de Bildu, no haya podido participar como firmante en esa enmienda transaccional”. Un agravio que, sin embargo, no aleja al partido vasco del apoyo a los PGE. El Gobierno ha aceptado una de sus enmiendas transaccionales para que, en el marco del impuesto energético, se excluya del importe neto de la cifra de negocio el correspondiente a las actividades reguladas y que el impuesto se aplique solo a la actividad que las empresas desarrollen en España. Eso en lo referente al nuevo gravamen. En lo tocante a las cuentas 2023 como tal, PSOE y UP han acordado con el PNV del orden de 48 enmiendas en ponencia que suponen inversiones por valor de 70 millones en el País Vasco. entre las que destacan los 25 millones destinados a un programa de impulso del desarrollo del Guggenheim o los 10 millones para mejorar la depuradora guipuzcoana.
Por su parte, Moncloa ha pactado con Más País un paquete de medidas de algo más de 13,5 millones de euros para inversiones en transportes (cercanías y carriles Bus/Vao), subvenciones a organizaciones medioambientales y un plan para fomentar la instalación del autoconsumo colectivo. Con Compromís, se han llegado a varios acuerdos cuya suma supondrá un montate total de 62,8 millones de euros en inversiones y transferencias directas en el territorio valenciano. Por último, con el PRCmientras se han pactado inversiones por valor de 50 millones de euros.
