El Ministerio de Sanidad no está logrando sacar adelante su deseado plan contra el tabaco, al menos con la rapidez y el consenso que esperaba. La reunión que ha celebrado este miércoles con los directores generales de Salud Pública de las comunidades autónomas ha finalizado sin un pacto claro y con las regiones pidiendo más tiempo para poder analizar las medidas y los cambios incorporados en este proyecto tras la incorporación de sendas enmiendas. Con esta ya son dos las ocasiones en las que las Administraciones han pedido una moratoria al equipo de Mónica García, que esta vez ha dado de plazo hasta este jueves para que los gobiernos regionales comuniquen si apoyan o no este plan. 

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24 horas para el plan antitabaco

El bautizado Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027 no va a ser aprobado con el consenso total de las comunidades autónomas. Esta es la resolución que se extrae de la reunión mantenida este miércoles entre el Ministerio de Sanidad y los directores generales de Salud Pública de las regiones en el marco de la Comisión de Salud Pública. Un cónclave en el que los representantes de las Administraciones han pedido a la cartera liderada por Mónica García más tiempo para analizar el proyecto. De las 157 alegaciones enviadas por las consejerías, diez se han quedado fuera, según ha informado el Ministerio a través de una nota de prensa.

Con estos mimbres, Sanidad ya ha renunciado a someterlo a votación y ha planteado una fórmula alternativa para intentar que salga adelante este plan antitrabajo: un "acuerdo de colaboración" al que podrán sumarse o no los gobiernos autonómicos ante la previsión de una falta de convenio. Por lo que se conoce, la intención es plantear una adhesión que podrá ser total -a todo el texto- o parcial -a solamente algunas líneas del mismo-. El equipo ministerial quiere sacar adelante el plan esta misma semana y es por eso que ha dado hasta este jueves de plazo a las consejerías para que comuniquen su postura de forma oficial.

Las comunidades justifican la falta de tiempo para revisar las enmiendas que han sido aceptadas así como la ausencia de una memoria económica de la estrategia para dilatar su decisión. Por su parte, Sanidad ha informado de que 147 propuestas procedentes de las comunidades "han conllevado una modificación o aclaración del texto", entre las que destaca la eliminación del término "espacio privado" -que suscitaba mucha polémica por si atañía a los vehículos- y su cambio por "espacios sin humo de uso público y colectivo". También la incorporación de un punto sobre la evidencia científica disponible a favor del etiquetado genérico que recoge este proyecto.

Las que no han sido negociables, sin embargo, son las propuestas de Baleares, La Rioja o Aragón de que la ampliación de los espacios al aire libre sin humo sea de adhesión voluntaria o se autorregulen; así como la propuesta de Aragón para que los vapers se contemplen en el plan como una herramienta de "reducción de daños" -un concepto que forma parte de la llamada deshabituación tabáquica- en algunos de los casos. Y es que entre las peticiones de las comunidades también se encontraban incentivos fiscales por declarar más espacios exteriores sin humo, la petición de una memoria económica para la estrategia, más fondos para las medidas que dependen de ellas o una mayor concreción en lo que se refiere a la prohibición de fumar en espacios privados, como los vehículos.

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Mensaje "claro" de las asociaciones

Tras la falta de soluciones y la dilatación del acuerdo una vez celebrada la reunión este miércoles, algunas organizaciones -como el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC)- han apelado al Gobierno y a las comunidades autónomas para que "actúen con responsabilidad y busquen el mayor consenso posible en la aprobación" de la hoja de ruta contra el tabaco en nuestro país. "Nuestro mensaje es claro: las decisiones que tomemos hoy definirán el bienestar y la salud de las próximas generaciones", afirman en una nota de prensa en la que aseguran que la "coyuntura es decisiva para influir en un cambio significativo".

Con todo, cabe señalar que el plan no es una ley. "Cada medida legislativa que afecte a las comunidades autónomas la tendremos que ir aprobando en su foro correspondiente. No estamos hablando de que, de repente, cuando se apruebe el plan, estén todos los espacios regulados y todas las leyes cambiadas", han aclarado desde el Ministerio hace varias semanas, cuando se reunió con sociedades científicas y asociaciones contra el tabaquismo. Pero la ministra ha enviado un mensaje a las comunidades. "Más allá de la crispación y el ruido, son responsables de la protección de la salud. Me sonaría muy raro, después de toda la evidencia, de las cifras y de la trayectoria de nuestro país, que se utilizara este tema concreto con consenso social avalado para hacer de ello otro frente político", ha llegado a sostener.

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