El Congreso albergó este jueves el pleno más crudo que se recuerda, con acusaciones golpistas marcando el compás, menciones al 23F y un sentimiento de incertidumbre que atravesaba un Congreso amenazado por la intervención del Tribunal Constitucional. Fue tan descarnado que la derogación de la sedición, la rebaja de las penas por delitos de malversación y una ley que desbloqueaba la renovación del TC, entre otras cosas, pasaron a un segundo plano. La reforma exprés del Código Penal propuesta por el Gobierno, finalmente, se pudo votar después de que el Constitucional aplazara su decisión al próximo lunes, pero la resaca continúa y el nudo aún no se ha deshecho.
El TC convocó una reunión de urgencia para dilucidar en la mañana del jueves si impedían la votación, tal y como solicitó en su recurso el Partido Popular. No había precedentes. Los partidos que componen el arco parlamentario escudriñaban los manuales de instrucciones en busca de pistas, pero el terreno era inexplorado y todo dependía de la decisión del Alto Tribunal, que la aplazó al próximo lunes, por lo que el Congreso pudo debatir y votar.
El "golpe", como calificaron varios diputados a la maniobra de Alberto Núñez Feijóo utilizando un órgano judicial para impedir una votación, no se consumó; lo cual no implica que no se pueda terminar de concretar. La reforma del Ejecutivo pasó el trámite del Congreso con una abrumadora mayoría (184 síes) y hará lo propio en el Senado el próximo 22 de diciembre si el Constitucional no lo impide. Y esa, precisamente, es la principal preocupación de la coalición.
Fuentes parlamentarias socialistas consultadas por ElPlural.com se mantienen expectantes: “Veremos si el lunes al final se atreven a consumar el escándalo”. Estas mismas voces esperan que todo regrese a la normalidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció desde Bruselas tras el Consejo Europeo y denunció el “intento de atropello” de la “derecha no solo política, sino la jurídica jaleada por la derecha mediática”, y urgió a cejar en su intento. “Es inaceptable”, zanjó.
No obstante, tanto PSOE como otros grupos preparan sus próximos pasos. Creen que, si la decisión del Constitucional es tumbar la ley, aportarán instrucciones que responderían a las muchas dudas. ¿Decaería todo el dictamen? ¿Solo el artículo relativo a la ley del Poder Judicial? “Es que no sabemos. No tenemos ni idea. Esto es tan grave que nunca había pasado”, repetía un dirigente morado en los pasillos del Congreso. Por lo pronto, la reacción de la coalición ha ido en sintonía. Socialistas y morados han urgido al PP a retirar el recurso y dejar de presionar al Constitucional: “No se puede permitir que haya nada que pueda parar una votación democrática. El PP ha ido demasiado lejos tensando las instituciones”, ha denunciado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. En la misma tónica se ha movido Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos: “Tenemos que pedir a la derecha política y judicial que no cometan ese error. No es algo partidista, creo que una intervención del poder judicial en la sede de la soberanía popular para parar el trámite legislativo es un ataque a la democracia. Cualquier demócrata tiene que estar enormemente preocupado”.
Ahora todos los ojos están ahora puestos en Ander Gil, presidente del Senado. Varios diputados y diputadas coinciden en que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, lidió adecuadamente con la anómala situación. PP, Vox y Ciudadanos solicitaron la suspensión del pleno, pero Batet lo mantuvo porque “el Constitucional no ha comunicado ninguna decisión al Congreso”. Esquivó, así, el marrón de decidir en pocos minutos cómo reaccionar. De hecho, Batet se ausentó del pleno durante buena parte de la mañana y, según fuentes, estaba consultando con los servicios jurídicos y los letrados cómo debía proceder ante una eventual decisión del TC.
Gil, sin embargo, atesora una baza que no tenía Batet: tiempo. La decisión del Constitucional se conocerá el lunes 19 de diciembre, tres días antes de que el Senado aborde la reforma. Batet deslizó lo que ella hubiera hecho en caso de suspensión y, según el PSOE, Gil emularía: “Esta Cámara acataría la decisión del Constitucional”.
