Las negociaciones para constituir un nuevo Gobierno en la Generalitat de Catalunya y evitar una repetición electoral avanzan lentas, pero parecen encaminadas. Más de dos meses han transcurrido desde que, el 12 de mayo, Salvador Illa se hizo con la victoria y desarticuló a las fuerzas independentistas, que no suman mayoría. Desde aquel momento, los socialistas buscan el apoyo de Esquerra Republicana (ERC), que remolonea y gana tiempo. Sin embargo, cuando queda un mes justo para que se acabe el plazo para la celebración del pleno de investidura, las conversaciones parecen encauzadas.
La sombra de Carles Puigdemont se cierne sobre un posible preacuerdo entre republicanos y PSC, que podría ver la luz el próximo lunes. El expresidente planea una aparición estelar en España, de la que aún no se conoce fecha, para eclipsar el posible consenso de izquierdas y presionar en favor de una nueva cita con las urnas. No obstante, a ERC le han entrado las prisas y, si todo marcha bien este fin de semana, el Ejecutivo de la retornada Marta Rovira podría tener el preacuerdo en sus manos más pronto que tarde.
“El acuerdo podría llegar de forma inminente, porque es el límite que nos hemos fijado desde ERC, porque siempre hemos recordado que, si bien el PSC ha optado por la negociación con ERC, existen otras mayorías, con lo cual si nosotros no somos capaces de alcanzar el acuerdo que sea bueno para los intereses de Cataluña, pues obviamente el PSC dispone de otras mayorías y queremos darles margen", trasladaba la portavoz de los independentistas, Raquel Sanz, en una entrevista concedida a la Cadena Ser.
Los republicanos delimitaron el proceso negociador hasta la finalización de julio, plazo que culminaría el próximo miércoles, para dar tiempo al PSC a buscar otras variables si no alcanzaban un acuerdo. Lo próximo del momento añade incertidumbre al silencio que mantienen los de Illa, que esperan que el encuentro mantenido el miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder catalán en funciones, Pere Aragonès, haya allanado el camino hacia el acuerdo. Sobre la mesa, las heridas abiertas por el conflicto catalán, la protección de la lengua y las políticas sociales parece encontrar consensos, siendo la financiación la pata coja.
ERC continúa apostando por un concierto a la vasca, buscando conseguir el 100% de las competencias de recaudación impositiva, cesión que desde el PSOE no están por la labor de conceder. Ambas formaciones buscan un punto de encuentro que podría encontrarse en el Estatut (artículo 204) bajo la denominación de consorcio, ente que permitiría a la Administración Tributaria del Estado la “delegación”. No obstante, desde ERC aseguran que existe "un sentimiento de desconfianza hacia el PSOE”, presionando a unos socialistas que guardan silencio públicamente.
El posible preacuerdo parece cercano y su consecución activaría el proceso de consulta que los republicanos prometieron a sus militantes, quienes tendrán la última palabra sobre el posicionamiento del partido, si bien el texto deberá recibir primero el visto bueno de la dirección. "La militancia de ERC es soberana y al final va a tener la última palabra en esta decisión. Creo que la mejor garantía de que la militancia pueda aprobar el acuerdo es que sea un muy bueno y la militancia entienda que favorece a los intereses de los catalanes", ha explicado la portavoz.
El boicot de Puigdemont
La llegada del texto o el momento de votación de la militancia son los dos momentos que plantea Puigdemont para volver a España, promesa que ya ha incumplido en anteriores ocasiones, con el riesgo de ser detenido nada más llegar al país. Las opciones del neoconvergente son nulas, dado que no cuenta con ninguna ecuación posible para reunir los apoyos suficientes para gobernar, y la estrategia elegida para presionar a ERC y evitar una coalición progresista es el nacionalismo más ferviente y las amenazas al Ejecutivo central.
La votación contra la reforma de la ley de Extranjería, en favor del reparto de menores migrantes, y los objetivos de estabilidad presupuestaria, necesarios para definir unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), es una muestra clara de ambas líneas de actuación: xenofobia nacionalista y advertencia a Sánchez. “Los catalanes que votan y quieren España deben saber que para el Gobierno español ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos siempre valdrán la mitad de lo que valdrán los de Madrid y toda su descendencia”, compartía este jueves Puigdemont, anticipando cuál será su discurso si el acuerdo entre ERC y PSC se confirma.
