El ya ex del PP y diputado Alberto Casero no ha querido renunciar a los 88.175,64 euros que cobra en el Congreso de los Diputados. El extremeño, convertido en meme tras permitir que se aprobara la reforma laboral, ha solicitado de motu proprio al Partido Popular la suspensión de militancia del partido, después de que el Tribunal Supremo haya decidido procesarle por prevaricación y malversación, según han informado fuentes de la dirección nacional del Partido Popular, que asegura que no tiene "nada que decir" sobre el presunto caso de corrupción que afecta a Casero.

En concreto, el magistrado instructor del Tribunal Supremo Andrés Palomo ha acordado procesar a Casero por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a cinco contratos que firmó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018 sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos.

Así consta en un auto de la Sala de Recursos del Alto Tribunal en el que añaden que esta decisión no afecta al suplicatorio que en su día instó el instructor, el magistrado Andrés Palomo. El tribunal acoge así la tesis de la defensa de Casero, que señalaba en un primer recurso presentado en diciembre de 2022 que el plazo de la instrucción había arrancado el 14 de julio de 2021 desde que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo acordara por auto la incoación del procedimiento.

Poco después de conocer esa decisión del Tribunal Supremo, fuentes de la cúpula del PP que dirige Alberto Núñez Feijóo han informado de que el propio Casero ha solicitado la suspensión de militancia del Partido Popular. De esta forma, pone fin a su etapa en el PP tras haber sido diputado en la XIII y en la presente legislatura, responsable de Organización del PP cuando la formación estaba liderada por Pablo Casado y mano derecha diputado y entonces secretario general de los 'populares', Teodoro García Egea.

Eso sí, lo que no deja es el sueldo. Pese a haber renunciado a su acta, Casero continuará siendo diputado. Desde el PP afirman que no tienen "nada que comentar" al respecto. Cabe recordar que el acta de diputado es nominal y pertenece al parlamentario, como ya sentenció en su día el Tribunal Constitucional. Fuentes del PP indican que si él ya dejado de ser del PP, "lógicamente no tendría que estar en los escaños del Grupo Popular".

El pasado mes de septiembre, después de que el juez propusiera enviar suplicatorio al Congreso para proceder penalmente contra Casero por indicios de prevaricación, la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, informó de que el PP ya le había abierto expediente informativo antes del verano. Así, indicó que el partido tomaría más medidas si el juez decidía abrirle juicio oral. Al final, ha sido el propio Casero el que de motu propio ha solicitado esa suspensión de militancia del PP.

El caso Casero

El magistrado explicaba hace unos meses en su resolución que los hechos atribuidos a Casero "están relacionados con actuaciones realizadas en su condición de alcalde del Ayuntamiento de Trujillo y órgano de contratación en el mismo entre marzo de 2017 y diciembre de 2018 al concertar con diferentes personas y entidades contratos de servicio, patrocinio o convenios, incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa".

Apunta que, si bien esa normativa en algunos supuestos no establecía "unos exigentes requisitos de validez" -en general eran contratos menores-, "sí establecía formalidades encaminadas cuando menos a que constara su existencia en el consistorio mediante la apertura del correspondiente expediente conteniendo la debida resolución por parte del órgano de contratación aprobando el gasto, con justificación de su necesidad y la posterior aportación de la factura correspondiente a los trabajos objeto del contrato".

Los errores de Casero

El error más sonado del aún diputado es el que se produjo durante la votación de la reforma laboral, que permitió en última instancia que la norma saliera adelante; pero no es el único fallo que ha cometido desde el escaño. Dentro del mismo momento erró hasta en dos ocasiones, una de ellas para que no se tramitara como proyecto de ley y otra vez sobre uno de los puntos de la moción del PP sobre otro asunto respecto a la observancia constitucional del programa legislativo del Gobierno

Otro de estos es el que tuvo lugar cuando votó a favor de crear una comisión de investigación sobre las supuestas actuaciones de la conocida como policía patriótica -las cloacas- del Gobierno de Mariano Rajoy contra políticos independentistas. En este sentido, Casero se encontraba en el bloque se grupos que habían dado su sí a dicha comisión junto a PSOE, Unidas Podemos, ERC, el Grupo Plural, el PNV y EH Bildu.