Hace apenas unos días, el eurodiputado Luis “Alvise” Pérez acudía como invitado a una entrevista con el abogado Raúl Castañeda en su canal Preico Jurídicos. Lo que parecía una oportunidad para reafirmar su discurso frente a su base de seguidores acabó dejando al descubierto algunas de las grietas más visibles —y frecuentes— en su relato político. Visiblemente nervioso ante ciertas preguntas directas, Pérez se vio forzado a improvisar respuestas, contradiciéndose, titubeando, y reafirmando un estilo de comunicación que, más allá del espectáculo, alimenta dudas sobre su fiabilidad como representante público.

El episodio no sorprende a quienes llevan tiempo analizando la figura del líder de la agrupación 'Se Acabó la Fiesta', un partido que irrumpió con fuerza en las pasadas elecciones europeas y que ha basado buena parte de su crecimiento en la agitación digital, los mensajes simplificados y una constante autoproclamación como alternativa a “la casta”. Pero cuando se rasca la superficie, el discurso de Alvise se tambalea.

Una de sus afirmaciones más repetidas es que él fue quien “destapó” el conocido 'caso Koldo', el escándalo de contratos públicos sospechosos durante la pandemia que involucró al entorno del exministro socialista José Luis Ábalos. Sin embargo, esa versión es falsa. La investigación original fue publicada por el medio The Objective, que durante meses fue desgranando contratos, adjudicaciones y vínculos personales entre los implicados. Alvise, lejos de desvelar nada por su cuenta, se limitó a replicar y difundir ese contenido —a menudo añadiendo su propia marca de agua como si fuera información exclusiva—, lo que le ha valido no pocas acusaciones de apropiación indebida de trabajo ajeno. Como han señalado varios periodistas, no es la primera vez que Alvise difunde titulares o imágenes de otros medios, eliminando los créditos originales para luego presentarlos como contenido propio.

Esa tendencia a moldear la realidad a conveniencia también se manifiesta en sus declaraciones sobre su situación económica. En distintos espacios y momentos, Alvise ha afirmado que gana 100.000 euros al año. En otros, ha elevado la cifra hasta los 800.000. En ocasiones, incluso ha sugerido haber alcanzado más de un millón. Estas declaraciones varían según la audiencia y el contexto, y se justifican luego como simples “errores” o “exageraciones retóricas”. Pero lo cierto es que, según datos del propio Parlamento Europeo, Pérez ha declarado más de 780.000 euros en ingresos privados en los tres años previos a su llegada a Bruselas, incluyendo 100.000 euros recibidos en una única charla privada. A esto hay que añadir las cuantiosas asignaciones institucionales que percibe como eurodiputado: su salario neto, las dietas por asistencia, fondos para gastos de oficina y más de 300.000 euros anuales para contratar personal. Todo esto compone un entramado económico que contrasta con su reiterada narrativa de austeridad y renuncia.

En esa línea de espectáculo político, uno de los gestos más llamativos —y polémicos— ha sido el anuncio de que sortearía su sueldo como eurodiputado entre sus seguidores. El anuncio captó la atención de más de 300.000 personas que, para participar, debían facilitar datos personales como su nombre, DNI, dirección, teléfono y cuentas en redes sociales. También debían seguir a Pérez en distintas plataformas. Aunque en principio se presentaba como un gesto altruista, las condiciones del sorteo levantaron serias dudas sobre su transparencia y finalidad. La política de privacidad del formulario otorgaba a Pérez libertad para usar esos datos con fines no especificados, incluyendo su cesión a terceros o la publicación de los ganadores. La idea de regalar el salario mensual a cambio de millones de datos personales ha sido tachada por algunos expertos como una operación de marketing encubierta, más cercana a una campaña de captación masiva que a un ejercicio de generosidad política. A día de hoy, no se ha sorteado ninguna cantidad concreta, y las explicaciones han ido mutando: en un momento se culpó a los impuestos, luego se dijo que el dinero se donaría a víctimas de catástrofes naturales, y más tarde se anunció una pausa indefinida sin fecha de reanudación.

Durante la entrevista con Castañeda, otro de los momentos críticos fue cuando Pérez defendió, una vez más, haber renunciado “voluntariamente” a más de un millón de euros en subvenciones electorales. El abogado lo desmintió en directo, señalando que el dinero no se le ha entregado no por voluntad propia, sino por no haber presentado la documentación que exige el Tribunal de Cuentas. Acorralado por los hechos, Alvise cayó en una justificación torpe y peligrosa: llegó a decir que, si hubiera querido, podría haber presentado facturas falsas para cobrar ese dinero, dando a entender que su “honestidad” consistía en no cometer fraude. Lejos de reforzar su imagen, la afirmación dejó entrever una visión poco rigurosa sobre la gestión de fondos públicos.


Estos episodios no son aislados. Conforman un patrón que define el estilo de Alvise: afirmaciones grandilocuentes sin respaldo, promesas incumplidas, contradicciones constantes, apropiación de contenidos ajenos y una retórica construida sobre el victimismo. Su estrategia pasa por polarizar, señalar enemigos —reales o ficticios— y presentarse como mártir de un sistema que intenta silenciarle. Sin embargo, el paso del tiempo y el escrutinio público están mostrando una cara menos heroica y más calculada. A medida que se le exige rendición de cuentas, los gestos pierden brillo y los discursos se llenan de fisuras.

Alvise Pérez sigue siendo, para muchos, un fenómeno político atípico. Pero el relato que ha construido en torno a su figura empieza a resquebrajarse. Y cuando el ruido baja, lo que queda son las preguntas que aún no ha respondido con claridad: cuánto de verdad hay en lo que dice; y cuánto forma parte de un guion cuidadosamente diseñado para alimentar su personaje, aunque sea a costa de la verdad.

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