El diputado del PP, Alberto Casero, popular entre otras cuestiones por su error en la votación de la reforma laboral, tendrá que sentarse en el banquillo tras un dictamen del Tribunal Supremo, según eldiario.es. Al parlamentario se le atribuyen delitos de prevaricación y malversación. Él mismo ha solicitado suspender la militancia del partido.
El juez que ha investigado el caso ha decidido procesarle por un total de cinco contratos irregulares adjudicados por el Ayuntamiento de Trujillo cuando era alcalde del municipio. Los hechos se remontan a los años 2017 y 2018, cuando habría firmado varios contratos irregulares, entre ellos uno con el que contrató a un psicólogo. Según el juez del Alto Tribunal que investigó su caso, el diputado ‘popular’ avaló estas firmas aún sabiendo que no eran regulares a nivel administrativo.
El protagonista de estas líneas sí que los reconoció, pero negó que los hechos fueran constituyentes de delito, mientras que la formación conservadora sentenció que no iba a tomar medidas contra él hasta que el TS dictara la apertura del juicio oral.
Contratos irregulares
Fue en marzo de 2022 cuando el órgano decidió abrir causa contra el diputado del PP después de que el juzgado de la localidad extremeña se inhibiera a su favor. Por aquel entonces, el tribunal repasaba la exposición razonada del juzgado, que abrió diligencias previas en virtud de una denuncia de la Fiscalía relativa a contratos, acuerdos o convenios entre los años expuestos.
Las pruebas certifican que existen indicios consistentes de que los citados actos de contratación se realizaron por el diputado sin ajustarse al procedimiento administrativo previsto para ello. Es decir, se habría comprometido el pago de diversas cantidades sin informar al Ayuntamiento y sin los informes necesarios.
Entre estos documentos figura el del psicólogo, al que el que fuera edil primero habría contratado sin informar dentro de su equipo, sin expediente de contratación, sin informe sobra la necesidad del servicio y sin los informes requeridos.
Otro de estos contratos irregulares es el que firma en septiembre del mismo año con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España. Se trata de un contrato que compromete al Consistorio al pago de 25.000 euros pero que no da cuenta a los servicios económicos ni jurídicos del mismo y sin que el acuerdo fuera aprobado con anterioridad, sometido a información pública ni publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El mismo año, Casero habría apalabrado dotar con 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir ningún procedimiento ni informar, nuevamente, a los servicios del Ayuntamiento. Ya en 2018 firmó un contrato con la misma asociación asumiendo, además de la cantidad mencionada, otros costes.
Respecto de los demás hechos cuestionables, se desliza un contrato en 2018 con la compañía Icaro Consultores en Comunicación, SLU, para llevar a cabo otro evento por importa superior a los 14.000 euros más IVA, de nuevo sin tener en cuenta a los servicios competentes ni seguir el procedimiento adecuado.
También ese año firmó un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo con Radio Interior SL por valor superior a los 15.000 euros. En este último caso acudió al procedimiento propio de la firma menor cuando, por la cantidad, debería ser licitado en procedimiento abierto.
A raíz de la sentencia, Casero ha solicitado de motu propio a la formación la suspensión de militancia del mismo. Fuentes del PP mantienen que, por el momento, desconocen si seguirá o en el escaño, dado que pertenece al parlamentario, tal y como sentenció el TC.
Los errores de Casero
El error más sonado del aún diputado ‘popular’ es el que se produjo durante la votación de la reforma laboral, que permitió en última instancia que la norma saliera adelante; pero no es el único fallo que ha cometido desde el escaño. Dentro del mismo momento erró hasta en dos ocasiones, una de ellas para que no se tramitara como proyecto de ley y otra vez sobre uno de los puntos de la moción del PP sobre otro asunto respecto a la observancia constitucional del programa legislativo del Gobierno
Otro de estos es el que tuvo lugar cuando votó a favor de crear una comisión de investigación sobre las supuestas actuaciones de la conocida como policía patriótica -las cloacas- del Gobierno de Mariano Rajoy contra políticos independentistas. En este sentido, Casero se encontraba en el bloque se grupos que habían dado su sí a dicha comisión junto a PSOE, Unidas Podemos, ERC, el Grupo Plural, el PNV y EH Bildu.
