El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una reforma constitucional rápida para hacer desaparecer los aforamientos que afectaría sólo a diputados y senadores, según fuentes del Ejecutivo. No estarían incluidos en esta medida ni jueces, ni fiscales, ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni tampoco los miembros de la Familia Real que son aforados como el Rey emérito. En el caso de los miembros del Parlamento, el momento en el cual esta norma entre en vigor es crucial y muy especialmente para Pablo Casado, que está a un paso de ser investigado judicialmente debido a su máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
La semana pasada, la Sala Penal del Tribunal Supremo pidió a la Fiscalía que se pronuncie sobre la conveniencia de abrir una causa contra Casado, después de que la jueza instructora del Caso Máster considerase probados "indicios de responsabilidad penal" por prevaricación administrativa y cohecho impropio y elevase el caso al Supremo, al ser Casado aforado. La respuesta de la Fiscalía y la decisión del Supremo, en principio, deberían resolverse en un plazo aproximado de un mes.
A su vez, el plazo que Pedro Sánchez ha puesto para culminar esta "reforma exprés" de la Constitución es de 60 días, por lo que puede que la reforma sea posterior a la decisión del Supremo. Ahora bien, según indican desde el Tribunal Supremo, también depende del texto mediante el cual se eliminen los aforamientos, dado que la reforma puede incluir que ésta se aplique retroactivamente.
Sin embargo, eso complicaría más las cosas, porque la Constitución, en su artículo 9.3, impide "la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales". Esto se aplicaría al caso de Casado, si se entiendiera que perder el aforamiento le pudiera suponer una circunstancia desfavorable. De momento, sólo el reloj tiene la respuesta.
