El marido de Alma Alfonso Silvestre, diputada del Partido Popular en el Congreso por Valencia y perteneciente al comité ejecutivo del gobierno municipal de María José Catalá, opta a la adjudicación de un gran contrato para construir más de 200 viviendas públicas en hasta cuatro parcelas en la ciudad del Turia. A este, se suman la serie de contratos que ha adjudicado el Consell de Carlos Mazón a empresas vinculadas a la trama Gürtel.
Se trata de Javier Timoner Lloret, quien tiene una empresa inmobiliaria, SFI Consulting, con la que estaría optando, a través de un procedimiento abierto, a construir hasta 221 viviendas de protección pública del Ayuntamiento de Valencia en el sur de la ciudad, en concreto, en los barrios de La Torre y Nou Moles, zonas afectadas por el paso de la DANA, según recoge este jueves eldiario.es.
En el caso de que en este proceso adjudicatorio resultase escogida la compañía del marido de la diputada valenciana del PP, asumiría todos los gastos de la construcción de dichos inmuebles en régimen de alquiler asequible, siendo así su gestor único durante 65 años.
El gran contrato inmobiliario del que hablamos, según se percibe en las prescripciones técnicas, abarca tres parcelas en el barrio Nou Moles y otra en La Torre que, en su conjunto, son 5.055 metros cuadrados. El plazo de presentación de ofertas y empresas interesadas finalizó el pasado día 12 y, tal y como desvela el medio citado, tan sólo la de Timoner Lloret se postuló.
Sobre la empresa del marido de la diputada valenciana del PP, es propiedad de la promotora inmobiliaria Meliana Strategy SL -con activos inmobiliarios en la Sareb-, cuyo administrador único es Timoner Lloret y, según figura en el Registro Mercantil, se declara con unos activos de 6,5 millones de euros y, en el cómputo de 2023, reflejó unos beneficios de 366.437 euros.
Diputada valenciana vinculada a Mazón
Volviendo al papel de la dirigente valenciana del PP, Alma Alfonso, además de diputada popular en el Congreso, también ejerce de secretaria ejectuvia de Economía, Pymes y Autónomos de la formación en el Ayuntamiento de Valencia de María José Catalá.
Pero su relación con el PP de Valencia no queda aquí, ya que Alfonso también es vicesecretaria de Empleo, Emprendimiento, Infraestructuras y secretaria de autónomos del comité ejecutivo del PP valenciano, el cual preside el jefe de la Generalitat, Carlos Mazón. Prueba de ello, también la sintonía y cercanía de la diputada con este, debido a que en redes sociales hay fotografías de ambos, con más dirigentes populares, juntos.
Con respecto al papel que la diputada del PP ha tenido en el último mes con respecto a la gestión de la DANA, intervino en el Congreso el pasado día 13 en clave de crítica hacia el Gobierno de Sánchez, en concreto, por su visita institucional a Paiporta junto a los reyes y Mazón. Así, pese a condenar todo tipo de violencia ante los hechos acontecidos aquel día, Alfonso reiteró que no se puede “criminalizar a personas que pasan por uno de los peores momentos de su vida ni confundir a ciudadanos desesperados con criminales organizados”, esto último pese a que posteriormente se confirmó la presencia ultra en la localidad valenciana y los hechos están siendo investigados por la justicia.
Mazón premia a empresas de Gürtel
Cabe recordar que con el tercer cambio integral que acomete Mazón en el Consell valenciano en una misma legislatura, en esta ocasión, con el telón de fondo de la reconstrucción tras la DANA, cabe remarcar que el presidente autonómico ha llegado a conceder contratos valorados en hasta 34 millones de euros a empresas vinculadas con la trama Gürtel.
Se trata de, entre otras, la empresa Becsa SA, la cual ha recibido un contrato de 2,3 millones de euros para la reparación de la presa de Buseo en Sot de Chera y para obras en infraestructuras de saneamiento de aguas de EPSAR en Vilamarxant. Esta entidad tiene como accionista a Gabriel Alberto Batalla Reigada, condenado en 2018 por delito electoral y falsedad documental. Además, Lubasa, la antigua marca de la empresa, aportó 200.000 euros en la caja B del PP valenciano para la campaña electoral de Rita Barberá en 2007.
En segundo lugar, la Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), que abonó 300.000 euros a la Caja B de Barberá entre 2006 y 2007, también ha recibido contratos que superan los 9,5 millones de euros para obras en Pinedo y en infraestructuras de EPSAR en Algemesí, Albalat, l’Alcudia y Carlet.
CHM Obras e Infraestructuras, otra de las empresas adjudicatarias, ha recibido contratos de 2,8 millones, cuyo presidente también fue condenado por esta trama del PP a un año y nueve meses de prisión por dos delitos electorales.
Una adjudicación más fue a parar a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana por valor de 4,2 millones de euros para la reparación del barranco del Poyo. A las firmas señaladas hay que añadir otras como la del empresario Enrique Gimeno, Facsa, en cuyo caso ha obtenido 1,5 millones de euros para obras en las instalaciones de EPSAR en Benicarló.
