En Moncloa no es que corran ríos de champán, pero casi. El Gobierno de coalición cree que el Partido Popular se ha pegado un tiro en el pie con la maniobra ayusista de Juanma Moreno Bonilla suprimiendo el impuesto de Patrimonio en Andalucía. No solo consideran que tienen ganado el debate fiscal porque la mayoría social es consciente de que era un impuesto de ricos, sino que entienden que refuerza el marco discursivo en el que trabajan desde el verano y que pivota en torno a la idea de que los populares defienden los intereses de los poderosos frente a los ciudadanos y ciudadanas.
El pasado lunes el presidente de la Junta de Andalucía propinó un golpe de efecto a la esfera nacional anunciando en Madrid que suprimiría el impuesto de patrimonio, un gravamen que afectaba únicamente a fortunas superiores a 700.000 euros y engrasaba con unos 100 millones de euros las arcas públicas para financiar servicios básicos. Moreno Bonilla pretendía, así, ponerse al nivel de Isabel Díaz Ayuso y atraer ricos a su región; pero más allá de su competición fiscal, sus efectos a nivel nacional dejan a Alberto Núñez Feijóo en una delicada posición.
Tras el parón estival, el PSOE apostó por un marco discursivo que situaba al PP al lado de los poderosos mientras ellos eran El Gobierno de la gente, tal y como reza su lema de campaña. Durante el debate en el Senado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó a Feijóo en no pocas ocasiones de ser el defensor de los intereses de las grandes empresas. Una defensa de los ricos en la que ha incidido en cada comparecencia y entrevista. La maniobra de Moreno Bonilla es un buen ejemplo de ello: un dirigente popular eliminado un impuesto a los ricos. Génova se la ha dejado botando al PSOE, que únicamente ha tenido que rematar.
Fuentes de Moncloa admiten a ElPlural.com que el debate fiscal “refleja una actitud política y social”, una “carta de presentación”. Y en este sentido, el PP “ya va sin caretas”.
Impuesto a los ricos
Moreno Bonilla no ha hecho sino reforzar el marco del PSOE: hay “dos modelos”, el del Gobierno que “está con la mayoría social”, y el del PP, “con una minoría privilegiada”. El Ejecutivo está cómodo con ese terreno y, de igual de igual forma que el presidente andaluz de envalentonó por la mayoría absoluta, Moncloa ha aprovechado para recuperar la propuesta de Podemos de gravar las grandes fortunas.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha deslizado que, igual que se gravarán los beneficios extraordinarios de las energéticas y entidades financieras, harán lo propio con las grandes fortunas, algo que Unidas Podemos tiempo ha que solicitaba. “Estamos explorando ámbitos en donde se le pida mayor esfuerzo a aquellos que más tienen. Lo hemos hecho con la banca y tenemos que seguir explorándolo también con las grandes fortunas. Tenemos que pedirle un mayor esfuerzo a los que más tienen para acompañar a la clase media, a la clase trabajadora de este país. Y eso lo haremos", esgrimió Montero este miércoles.
La izquierda ha recogido el guante y está dispuesta a prestar la batalla fiscal. Tanto es así, que se ha recuperado el debate sobre el modelo fiscal y de financiación autonómica. El primero fue el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien apostó por recentralizar impuestos. El Gobierno rápidamente salió al paso sentenciando que se trataba de una “opinión personal” y su senda no transita por los mismos derroteros. La coalición se fijó como objetivo al comienzo de legislatura una reforma fiscal de calado y la actualización del modelo autonómico. María Jesús Montero encargó sendos informes a expertos para acometer las reformas pertinentes, pero ambos permanecen en un cajón por la imposibilidad del Gobierno de dedicar el tiempo suficiente dada la crisis sanitaria y económica derivada del Covid-19 y, ahora, la energética e inflacionaria provocada por la guerra de Ucrania. Desde el Ejecutivo señalan que se trata de un trabajo “reflexivo y sesudo”, por lo que “dadas las circunstancias de ahora mismo en todo el mundo”, está paralizado.
Habida cuenta de que la legislatura encara su etapa final y los tambores electorales ya resuenan, es poco probable que la reforma fiscal vea la luz en los próximos meses. Será el futuro Gobierno el que la aborde.
