Cerca de cumplirse los cuatro meses del temporal que arrasó la provincia de Valencia, las investigaciones que permitan esclarecer qué pasó y quién estaba al mando para que se produjeran 224 muertes y la devastación correspondiente siguen su curso. 

Durante este tiempo uno de los aspectos que ha concentrado el grueso de críticas ha sido el envío tardío de las alertas que habrían evitado gran parte de la tragedia si los móviles de la ciudadanía las hubiesen recibido horas antes de lo que lo hicieron, cuando el agua ya anegaba por completo la totalidad de los pueblos afectados. Paralelo a ello, duramente juzgada ha sido -y sigue siéndolo- la gestión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y de todo su equipo, responsables de la multitud de víctimas mortales y de poner en riesgo la vida de miles de personas. 

Y es precisamente aquí donde recae la última polémica que sitúa nuevamente en el foco al president. Y es que con un preciso uso del sistema ES-ALERT -cuya existencia se desconocía por parte de la entonces responsable de Emergencias- no solo se habrían evitado muertes, sino que los trabajadores que en la tarde-noche del 29 de octubre se encontraban en sus puestos de trabajo habrían esquivado también el riesgo que conllevaron las rápidas inundaciones en el territorio. En este sentido, los trabajadores del metro de Valencia fueron uno de los sectores que vieron cómo las vías iban inundándose progresivamente pero nadie mandaba interrumpir el servicio. De hecho, cuando a las 19:00 horas de ese 29 de octubre un maquinista dio el aviso de que la vía a la altura de Paiporta estaba ya inundada, todavía había dos trenes en circulación entre Valencia Sur y Paiporta, uno en dirección norte y otro en dirección sur. 

Sin embargo, pasó todavía una hora y cuarto entre el aviso del maquinista hasta que la Generalitat procedió a enviar los mensajes de alerta a los móviles de la ciudadanía -a las 20:11 horas- y dos horas y media hasta que la cuenta oficial de Twitter de Metrovalencia comunicó que quedaba interrumpida la circulación en todas las líneas de metro -a las 21:35 horas-. 

El PP se desmarca de la investigación

Por todo ello, este miércoles las Cortes han aprobado -sin el voto del PP- que Metrovalencia ponga en marcha una comisión de investigación interna para tratar de averigüar qué pasó el día de la DANA. La iniciativa, que ha sido propuesta por parte del PSPV-PSOE, insta a Mazón a “cumplir con los principios fundamentales de seguridad recogidos en la Ley de Seguridad Ferroviaria de la Comunitat Valenciana” y a que lleve a cabo una “investigación técnica para conocer cómo se actuó por parte de los responsables del Consell y de FGV el pasado 29 de octubre cuando 227 personas perdieron la vida”.

En este sentido, el portavoz de Transporte del PSPV-PSOE en Les Corts, Michel Montaner, ha señalado que “las actuaciones de FGV fueron igual de cuestionables que las que tomó Carlos Mazón como el director de emergencia”, denunciando así que “su inacción puso en peligro la vida de usuarios y maquinistas a quienes no se les dio la seguridad necesaria”. Asimismo, desde el grupo socialista han querido recordar que “durante todo el día y pese a las diferentes afecciones en la red de Metrovalencia, FGV continuó con el servicio con normalidad hasta que el CECOPI decidió enviar la alerta a la ciudadanía”.

Se restablece la circulación incumpliendo la norma

El silencio de los populares ante esta investigación se produce además un día después de que estos anunciasen de una particular manera que el próximo martes 18 de febrero se restablecen todas las frecuencias de Metrovalencia. A través de un vídeo compartido por la cuenta oficial de Twitter de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Transportes, el conseller Vicente Martínez Mus celebraba “el primer hito de la última fase ya y la definitiva de la recuperación de toda la circulación de Metrovalencia”. 

Sin embargo, lo hacía metiéndose en la cabina del tren lo cual está prohibido por la Ley de publicidad institucional. Tal y como señala el PSPV-PSOE a través de Twitter, según reza el artículo 5 de la citada norma, “se prohíbe la organización de cualquier acto de inauguración, o similares, de obra acabada o servicio por parte de personas con cargos electos o altos cargos, financiados con fondos públicos parcial o totalmente, directa o indirectamente. Esta prohibición incluirá los viajes en cabina de conductor de cargos electos o altos cargos respecto de las infraestructuras de transporte público colectivo”.

Por ello, desde el grupo socialista han hecho extensible su crítica para denunciar esta actuación ilegal del PP mientras pretendían anunciar la apertura del nuevo intercambiador de Valencia Sur y el restablecimiento de las líneas de metro.

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